La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal cambió de penal a Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, sin previa autorización del magistrado unitario Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del tercer tribunal unitario penal, quien tiene a su cargo el futuro jurídico de la mujer, revelaron fuentes judiciales.

Al magistrado ni lo consultaron, se enteró por los periódicos, pese a que el Código Federal de Procedimientos Penales ordena que sólo el juez responsable de una causa es quien puede autorizar a las autoridades penitenciarias la posible reubicación de un procesado, reveló a La Jornada un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La presunta narcotraficante fue trasladada el pasado lunes del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado en la ciudad de México, a la cárcel federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.

La fuente consultada refirió que los abogados de la mujer están en su derecho de presentar una queja ante el magistrado Luna Altamirano para que éste exija una explicación sobre los motivos para la transferencia de la procesada.

En caso de que la SSP federal no demostrara que tuvo razones de extrema urgencia, los funcionarios de la dependencia federal responsables del sistema penitenciario podrían hacerse acreedores a sanciones de carácter administrativo, que van desde apercibimiento por escrito hasta una multa.

La reina del Pacífico, envuelta recientemente en un escándalo por la supuesta aplicación de inyecciones de bótox en el interior del penal de Santa Marta Acatitla, fue sentenciada a un año de prisión por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, pena que ya cumplió.”

Sin embargo, permanece en prisión debido a que está en proceso su juicio de extradición a Estados Unidos.

También tiene pendiente que el magistrado Luna Altamirano revise si confirma o revoca una sentencia absolutoria que se dictó en diciembre pasado a favor de Sandra Ávila, por lo que hace a un cargo que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.