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Diputados del Partido Acción Nacional intentaron reiteradamente sabotear la decisión

Aprueban en San Lázaro punto de acuerdo en respaldo a la clausura de planta de Sempra

Se conformará subcomisión para acudir a Ensenada a constatar la situación de la regasificadora

 
Periódico La Jornada
Miércoles 2 de marzo de 2011, p. 21

Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo y urgente resolución con el que confirma la consumación del acto de clausura total temporal de la planta regasificadora Costa Azul, propiedad de Sempra Energy, y el respaldo al alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, en el proceso de resolución legal con la trasnacional estadunidense, una vez que aquel cierre se configuró por el uso de suelo y la violación al Programa de Desarrollo del Corredor Turístico y Ecológico Tijuana-Rosarito-Ensenada.

La determinación del Poder Legislativo obedeció a la propuesta de investigar las operaciones de la trasnacional estadunidense Sempra Energy y la opacidad en que se encuentran sus vínculos con autoridades del estado de Baja California y de la Federación.

El jueves de la semana pasada la fracción parlamentaria del PAN en San Lázaro reventó el quórum de la sesión ordinaria cuando se sometía a votación el punto de acuerdo citado. La negativa de los panistas a continuar desahogando el trámite propició que el presidente de la Cámara lo difiriera para ayer.

Las bancadas de PRI, PRD, Partido Verde, Partido del Trabajo y Convergencia sumaron 260 votos a favor del punto de acuerdo contra los 95 del PAN.

A pesar del esfuerzo que imprimió un sector de diputados panistas para revertir la determinación mayoritaria, Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador de Acción Nacional, y Gastón Luken, se acercaron al priísta José Ramón Martell para que incidiera en la decisión de su partido.

Martell adujo que no había posibilidad de modificar una determinación tan seria, y mientras Luken aducía que él no tiene nada que ver con Sempra, un priísta que escuchaba le reprochó: “entonces por qué te preocupa tanto, Gastón…”

Sin éxito, los panistas retornaron a sus curules y el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, ordenó a la secretaría que diera lectura al documento que abre la investigación legislativa en torno a las actividades de Sempra Energy en México.

Ayer la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión envió un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias el resolutivo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que se señalan diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá nombrar una subcomisión que se traslade a Ensenada para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.

Con el apoyo de la autoridad municipal y en su caso estatal y federal, la comisión verificará documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora de la empresa Sempra Energy, en el municipio de Ensenada, e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuánto tiempo y por quiénes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto, e informar a la Cámara el resultado de su investigación y consultas.

También se exhorta al gobernador de Baja California para que en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes.

Y además, exhorta al Ejecutivo a que gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional, para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan Ensenada se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal.