La ley otorga una facultad excesiva al titular del Ejecutivo federal sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional –referente a los contratos de Pemex con particulares para obras y prestación de servicios–, debido a que se corre el riesgo de que el Presidente de la República pase por alto la opinión del Congreso de la Unión.

El constitucionalista Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que más allá de debatir si es constitucional o no el anuncio hecho en la semana por directivos de la paraestatal sobre un proceso para la asignación de contratos incentivados –mediante los cuales se abre a la iniciativa privada la exploración y explotación de campos maduros en la región sur del Golfo de México–, la discusión debe centrarse en otros puntos que tienden a la privatización de Pemex.

Las reformas aprobadas y que entraron en vigor en 2008 prevén la posibilidad de que se lleven a cabo contratos para la realización de obras o prestación de servicios, pero no especifica si éstos son para exploración y explotación, queda muy amplio.

Para Valadés el punto a debate debe centrarse en las facultades exclusivas que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 le da al Ejecutivo federal, en la falta de transparencia en las finanzas de Pemex y en la manera como el gobierno ha conducido a la paraestatal a una insolvencia económica como pretexto para justificar la entrada de capital privado.

Hay que poner en la mesa de discusión la falta de transparencia relacionada con el manejo de las finanzas de Pemex. Por ejemplo, debido al conflicto en Libia los precios del petroleo se dispararon, pero en México no se ha dicho a cuánto ascienden los ingresos adicionales captados por este motivo ni cómo se aplicarán esos recursos. En un año prelectoral puede haber sospechas de que ese excedente se vaya parcialmente a una caja chica para propósitos electorales.

Otro punto, resaltó, es analizar la presunta insolvencia de la paraestatal. Sólo parece un caso de simulación, hace unos días el director de Pemex (Juan José Suárez Coppel) declaró que la empresa era altamente rentable antes de impuestos. De manera que el gobierno ha procedido a la asfixia fiscal de Pemex para tener una especie de pretexto que le permita justificar, o por lo menos explicar, este proceso paulatino de privatización en cuanto a los trabajos que ahora van a ser licitados. Todo es una gran coartada.

Hidrocarburos, palanca del desarrollo: Carpizo

Por su parte, Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM y ex procurador general de la República, sostuvo que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución los hidrocarburos son propiedad de la nación y quien debe explotarlos sólo es Pemex en bien del país.

El también investigador del IIJ aceptó que si bien no conoce a fondo el proyecto para el ingreso de capital privado a la paraestatal anunciado el martes pasado, en México hay una serie de ejemplos sobre bienes estratégicos que han sido privatizados y que, en lugar de beneficiar a todos los mexicanos, sólo enriquecen a unos cuantos en detrimento de la nación. Uno de esos es el sistema financiero mexicano

Cuando se habla de que los hidrocarburos son del país, es porque deben ser la palanca del desarrollo. No hablo de un Estado gordo que se ocupe de cosas de las que no tiene que hacerlo; por ejemplo, el Estado no tiene por qué tener una fábrica de bicicletas. Pero motores del desarrollo como energía, electricidad, hidrocarburos, agua y gas nos pertenecen a todos y no pueden quedar en manos privadas. La Constitución es muy clara.