elipe Calderón se queja amargamente de los obstáculos del Poder Legislativo hacia sus iniciativas de reforma en materia política, laboral, energética y de seguridad pública. Los intelectuales aliados al régimen también periódicamente denuestan al Congreso por formar parte de una imaginaria generación del no
supuestamente orientada a detener el progreso
del país. Hoy, sin embargo queda claro que quienes frenan los avances democráticos no son los legisladores de la oposición, sino los diputados y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).
El veto que el PAN ha puesto en los últimos días a las reformas en materia de transparencia y derechos humanos es completamente injustificable. Ambas propuestas fueron consensuadas durante largos años de trabajos, con la activa participación de las bancadas del partido del Presidente. Pero hoy el PAN se echa atrás y busca cualquier pretexto para tumbar los acuerdos logrados, todo con objeto de proteger a los poderes fácticos que hoy lo chantajean de cara a la elección presidencial de 2012.
En el Senado, destacados integrantes de la bancada del PAN se oponen a la inclusión de la prohibición de la discriminación a las personas por motivo de sus preferencias sexuales
, bajo el argumento ridículo de que esto podría legalizar la pederastia. Ignoran que el derecho a no ser discriminado jamás puede ser utilizado para justificar la comisión de un delito. Su rechazo a esta inclusión sólo evidencia su total subordinación a una jerarquía católica cada día más ensoberbecida y empoderada políticamente.
A estos mismos senadores les genera ruido que las reformas constitucionales reconozcan explícitamente la calidad vinculatoria de tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por el Estado mexicano. En un momento de lucidez que refleja su cerrazón en la materia, el senador del PAN Felipe González ha argumentado que habría que estar en contra de elevar el estatus de estos tratados porque algunos ni siquiera los conocemos
(La Jornada, 4/3/11).
En la Cámara de Diputados, el PAN ratifica su rechazo a la tutela efectiva de los derechos humanos al reservar una serie de artículos claves de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). El diputado panista Gregorio Hurtado se opone enérgicamente a la propuesta de transparentar los fideicomisos que contienen recursos públicos y con ello defiende la tradicional utilización de estos fondos como la caja chica del gobierno federal. Con los gobiernos del PAN, los fideicomisos se han vuelto la nueva partida secreta
, útil tanto para comprar lealtades como para evitar la vigilancia de la sociedad y los órganos fiscalizadores.
Al mismo diputado le encantaría eliminar la naturaleza definitiva e inatacable
de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Así, se podría cumplir con el sueño dorado del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont; el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el procurador Arturo Chávez de impugnar por la vía judicial a las resoluciones de este órgano garante para dejarlo en el nivel de un simple ombudsman de la transparencia, cuyas resoluciones fueran meras recomendaciones para la autoridad.
El también diputado por el PAN Gastón Luken propone eliminar uno de los avances más importantes contenidos en la minuta ya aprobada por el Senado: la obligación de que las instancias gubernamentales generen los documentos solicitados en el caso de que debieran existir por mandato legal. Asimismo, los emisarios del gobierno federal han expresado su rechazo contundente a la propuesta de transparentar los créditos fiscales
que Hacienda año con año otorga a empresas como Cemex, Telmex, Walmart y Televisa y que hoy suman por lo menos 500 mil millones de pesos.
Tanto la reforma de derechos humanos como la de transparencia están muy lejos de cumplir plenamente con las expectativas ciudadanas. Entre otras debilidades, la primera no toca ni con el pétalo de una rosa a las fuerzas militares y no permite el acceso pleno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la información en poder del gobierno federal. La segunda no le otorga ni autonomía política ni facultad de sanción directa al IFAI. También presenta una serie de vicios en materia de responsabilidades administrativas, documentadas recientemente por la organización civil Artículo XIX, así como con respecto a causales de reserva y asuntos procedimentales. Ambas propuestas también garantizan la más total opacidad e impunidad para la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, ambas reformas al final de cuentas representan un paso adelante en materia de rendición de cuentas para el país. Caminan en el sentido correcto y, de ser aprobadas, implicarían modificaciones sustanciales en favor de la democratización del ejercicio del poder público en México. Es realmente una vergüenza que AN de nuevo se pliegue de forma tan cínica a los intereses de la Iglesia católica, al presidencialismo autoritario y a las grandes corporaciones monopólicas, abandonando una vez más los principios democráticos que alguna vez inspiraron su actuación.
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