En los próximos días, la Cámara de Diputados deberá votar una serie de reformas a la Ley Federal de Transparencia que reforzarían la validez y pertinencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) o, en caso contrario, le darían la puntilla y lo convertirían en una entidad ineficiente, inocua. En todo caso, lo que está en juego es el avance o retroceso en materia de acceso a la información pública y de escrutinio ciudadano a las acciones de gobierno. La moneda está en el aire: transparencia o retorno a la opacidad.

Promovidas por el Ifai, las reformas buscan blindar a la institución contra una serie de acciones sistemáticas de distintas entidades del gobierno federal –señaladamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República– que socavan su funcionamiento y atentan contra el derecho constitucional de los ciudadanos a la información pública.

Se trata de una reforma urgente y necesaria que pone a prueba el discurso oficial en favor de la transparencia: Vamos a ver si se quiere fortalecer la institución o en realidad se le quiere dar la puntilla, advierte María Marván Laborde, comisionada del Ifai.

La iniciativa –que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley vigente– ya fue aprobada sin cambios en el Senado el 28 de abril de 2010. Al día siguiente fue enviada a la Cámara de Diputados. Actualmente es revisada en las comisiones unidas de Gobernación, Función Pública y Justicia, en las que ha sido aprobada en lo general, pero quedan pendientes cuatro artículos que para Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Ifai, son fundamentales para consolidar los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas: el 18 bis, el 46, el 55 y el 59.

El punto medular de la reforma está en el artículo 59, que a la letra dice: Las resoluciones del instituto serán definitivas e inatacables por las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Para nosotros –enfatiza Peschard– es fundamental que se apruebe así, porque es la única manera de garantizar el cumplimiento del artículo sexto, fracción IV de la Constitución, que mandata la creación de mecanismo de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

Dos hechos gravísimos alertaron a las autoridades del Ifai sobre la necesidad urgente de blindar las funciones para las que fue creada la institución: en mayo de 2009 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) declaró la nulidad de dos resoluciones del instituto: una a petición de la Procuraduría General de la República y otra del Servicio de Administración Tributaria (SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda).

De acuerdo con el análisis hecho en su momento por Artículo 19, organización no gubernamental especializada en derecho a la información, ambos casos tendrían efectos funestos en materia de transparencia y rendición de cuentas, características inseparables de toda democracia moderna.

Jacqueline Peschard defendió el derecho de los ciudadanos a conocer detalles del trabajo de sus autoridadesFoto Carlos Ramos Mamahua

Tanto para Jacqueline Peschard como para María Marván, la actuación del TFJFA forma parte de una ofensiva de algunas dependencias del gobierno federal a las que el Ifai les resulta incómodo. Además, envía un mensaje ominoso a las 240 entidades que conforman la administración pública federal: No pasa nada, señores, si no cumplen con la obligación de proporcionar información.

Uno de los aspectos que más llaman la atención en estos casos es que en 30 peticiones anteriores el TFJFA ya había fijado sus incompetencia jurídica para conocer y y resolver las resoluciones del Ifai. Y de pronto cambió su posición.

La respuesta del Ifai fue promover sendos juicios de inconstitucionalidad que todavía se encuentran en proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, la discusión de las reformas a la Ley de Transparencia en las Comisiones Unidas de Gobernación, Función Pública y Justicia se lleva cabo en medio de fuertes presiones por parte de sectores del gobierno y legisladores de diversos partidos a los que incomoda el trabajo del Ifai.

Aquí están en pugna dos tendencias dentro del propio gobierno y la burocracia que lo hace funcionar: la que ve en la transparencia y la rendición de cuentas una herramienta imprescindible para la lucha contra la corrupción, la impunidad y el poder irresponsable y la que, como señala Marván, considera la información pública como algo de su propiedad y trabaja más a gusto en la opacidad.

Al respecto, especialistas en la materia como Jorge Carpizo –ex rector de la UNAM y ex titular de la PGR y ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos– han señalado insistentemente que entre las medidas prioritarias para resolver problemas como la corrupción y la impunidad está la de convertir a los institutos de acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos con facultades suficientes para que cumplan sus funciones.

Ante la inminente votación de las reformas a la Ley de Transparencia en la Cámara de Diputados, resulta pertinente el posicionamiento hecho en días pasados por el propio titular del ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, quien aseguró que su gobierno está comprometido con la transparencia como una vía para combatir la corrupción. Lo dijo al presentar varias acciones e iniciativas de ley en la materia.

Paradójicamente, a la ceremonia mencionada no fue invitado ningún representante del Ifai. No obstante, el instituto recogió en un desplegado la inquietud presidencial y en ese sentido reiteró: las resoluciones del Ifai deben ser definitivas e inatacables, como se establece expresamente en el proyecto de reformas a la Ley Federal de Transparencia. En ello no debe haber lugar para el regateo.

María Marván, primera comisionada presidenta del Ifai, observa la contradicción entre el discurso de Calderón y la actuación de la SHCP y la PGR en materia de transparencia: No tiene sentido. ¿No saben oír a su jefe?