Si por alguna razón el Estado perdona una deuda tributaria, toda la población tiene el derecho a saber a quiénes se beneficia y por qué se tomó esa decisión, pues esos recursos que no ingresan al erario son públicos y por ende representan un patrimonio de los ciudadanos, sostuvo la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, Catalina Botero.

Al participar en el Seminario Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su aplicación regional y en México, Botero advirtió que crea un privilegio el gobierno que niegue esa información, por lo cual es conducente entablar un juicio de proporcionalidad.

En el caso de México, el gobierno federal perdonó, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el pago de 74 mil millones de pesos a personas físicas y morales, y pese a que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó la difusión de esa información, el SAT se amparó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para evitar su publicidad.

En videoconferencia desde Bogotá, Colombia, Botero advirtió que México, al firmar normas internacionales que reconocen el derecho de acceso a la información pública gubernamental como una garantía individual, tiene la obligación de respetarlas como las propias normas internas.

Ante especialistas en la materia, reunidos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que de acuerdo con la interpretación del artículo 33 del reglamento de la CIDH, los estados de otras naciones cedieron una porción de su soberanía al incorporar a su legislación los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

México ha entrado a esa nueva era de hacer compatible y aplicable el derecho internacional en el derecho nacional, subrayó. Citó por ejemplo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Congreso de Guanajuato hacer una reforma integral al Código Penal del estado y discutir la tipificación de delito de feminicidio.

En materia de transparencia, dijo que tanto México como los países de la región se han comprometido a consagrar el acceso a la información como un derecho fundamental, tema que no es novedad en México. Asimismo, refirió que ese derecho es universal y que el Estado debe adoptar mecanismos administrativos eficientes para garantizar un acceso efectivo.

Dijo que de nada sirve tener una ley avanzada si no existen los mecanismos administrativos que garanticen el acceso a la información mediante un trámite ágil, expedito y que no sea oneroso para los ciudadanos.