El Instituto Nacional de Pediatría (INP) presentó una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los jefes de farmacia y de control de bienes e inventarios de ese centro, por robo de medicamentos e insumos, como placas para radiografías.

Además, el órgano interno de control del instituto investiga el destino de los 40 mil pesos que enfermeras fueron obligadas a depositar en la cuenta bancaria personal de la subdirectora de enfermería durante los pasados tres años.

Estas y otras irregularidades fueron denunciadas ayer por trabajadores del INP en una protesta que realizaron a temprana hora; el director del instituto, Guillermo Sólomon, reconoció la veracidad de los hechos. Sobre la farmacia, dijo que han tenido muchos problemas de fugas; siempre las ha habido; recientemente, agregó, se detectó que había medicamentos en áreas donde no correspondía.

Los empleados de la farmacia aseguraron que el jefe del área, Luis Fernando Araujo –destituido hace unos días–, pretendió hacerlos firmar vales para la salida de gamaglobulina que se entregaría al área de medicina crítica.

El problema es que el fármaco únicamente se utiliza en el departamento de inmunología, y la salida del producto se permite siempre que el vale tenga la firma del único médico autorizado.

El que Araujo llevó a los trabajadores no cumplía con ese requisito, por lo que se negaron a firmarlo. En esa ocasión, recordaron, el documento era por 400 frascos de un gramo de gamaglobulina cada uno, cuyo valor es de mil pesos, y 10 más de cinco gramos que cuestan 14 mil pesos.

Después “supimos que Araujo obtuvo la firma de otro de los trabajadores de la farmacia, a quien pudo convencer porque no tiene plaza de base”.

Otra anomalía que hicieron pública fue la pérdida de placas para radiografía que estaban guardadas en un almacén del tercer piso del instituto, al cual sólo tenían acceso Araujo y Raúl José Vergara, jefe de control de bienes e inventarios, quien también fue destituido. De acuerdo con la denuncia, el material sustraído tenía un valor de un millón de pesos. Los hechos ocurrieron en 2009. Sólomon informó que interpuso la demanda correspondiente ante la PGR.

En la protesta de ayer, los empleados denunciaron también hechos de corrupción y hablaron del caso de las enfermeras que realizan estudios de posgrado y que son obligadas a depositar mil pesos cada semestre en la cuenta bancaria de la subdirectora de enfermería, Silvia Balbuena Román, supuestamente para trámites administrativos.

El director del INP reconoció que ésta también es una irregularidad que ya investiga el órgano interno de control, aunque justificó la actuación de la funcionaria, quien, dijo, ha destinado el dinero a la compra de equipo como televisores y computadoras, necesarias en el área de enseñanza.

Aunque se dijo dispuesto a dialogar con los inconformes, también desestimó la protesta, porque es una manifestación de poder en vísperas del inicio de negociaciones de las Condiciones Generales de Trabajo.

Sólomon, quien ejerce un segundo periodo de cinco años al frente al INP, resaltó que la administración del organismo es compleja, por ser el instituto más grande, con 2 mil 500 trabajadores y una diversidad de asuntos que debe atender, entre otras, la modernización de las instalaciones.

En otro orden, afirmó que el expediente clínico electrónico tiene un avance de 80 por ciento y que en los años pasados se logró adquirir equipos de alta tecnología, la mayoría por donaciones de organismos particulares.