a lucha por el lucrativo e influyente negocio de las telecomunicaciones está ya de lleno en la arena pública. Y ocurre en medio de una gran debilidad institucional y con una ausencia notable de una política pública para ordenar esa industria.

Es, sin duda, un sector complejo por las inversiones que requiere y las crecientes exigencias tecnológicas. Pero pueden advertirse cuestiones de índole general que muestran la relevancia económica y política del conflicto que existe.

La organización industrial del sector está ya bastante definida a escala internacional. Los jugadores en la cumbre son fuertes y la concentración del mercado es grande, lo que confiere rasgos particulares a la competencia y al entorno de la regulación gubernamental.

Tienden a prevalecer pocos operadores, pero no es un monopolio natural, donde los costos fijos o para iniciar las actividades son tan grandes que establecen una efectiva barrera de entrada a otros participantes.

Hay segmentos de menor escala en los que la entrada al mercado y la ampliación de servicios y contenidos es posible. Cuando el poder de mercado o grado de monopolio que ejerce una empresa crece en demasía se puede romper, como ocurrió con la AT&T en Estados Unidos.

Por su naturaleza, este sector demanda la participación del Estado en las áreas de regulación, para fijar las políticas de desarrollo, prevenir las prácticas monopólicas y salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores. Hay concesiones públicas de por medio y, por lo tanto, referencias jurídicas que deben estar bien definidas y, para ello, se necesitan instrumentos funcionales para hacer cumplir las normas y los reglamentos.

Todo esto es bien sabido. Por eso es tan ostensible el desarreglo al que ha llegado la industria en sus ramas de la televisión, la radio y la telefonía. La dinámica del sector en México va en dirección contraria al desenvolvimiento que ha tenido en otros países.

El asunto tiene que ver con la manera en que se ha conformado la industria en cada uno de sus segmentos y las decisiones políticas que han tomado los gobiernos a lo largo de muchas décadas.

Algunos aspectos para pensar lo que hoy sucede pueden ser: cómo se han dado las concesiones y a quién desde el comienzo; cómo se han hecho los procesos de privatización; cómo se han dirimido los conflictos que han surgido en el tiempo; cómo se ha legislado y cómo se han aplicado o no las leyes correspondientes; cómo se ha creado el marco institucional para regular las actividades privadas y cómo operan, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria o la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Hay una historia, un entramado político y legal detrás de esta lucha de colosos. No se ha creado por generación espontánea. Este mercado se ha organizado de manera consciente en parte y a tumbos por otra.

Los resultados y sus consecuencias exhiben ahora a quienes protagonizan la disputa, a las autoridades que parecen pasmadas, a los legisladores que actúan como avestruces, a los funcionarios responsables del desorden que existe y del modo en que funcionan unas instituciones de regulación inoperantes y usadas a su servicio.

Sobre todo muestra una vez más la indefensión de los ciudadanos y el vacío de poder en el gobierno. Puede pensarse que antes y conforme a los usos que existían, los conflictos y desavenencias se resolvían en algunas oficinas y con la participación de personajes clave. Hoy parece en cambio que esas instancias están muy rebasadas.

No hay una política sectorial que marque el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, el Estado está al margen y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes muy marginada. Las pugnas entre los contendientes se han expuesto en desplegados en los diarios y en los espacios de noticias. Y el público queda como espectador, pero el espectáculo es un tanto vergonzoso.

Los antiguos aliados son ahora competidores y los enemigos se hallan de pronto en el mismo bando. Unos y otros se acusan de lo mismo: ser monopolios, reconociéndose en sus propios señalamientos. Lo que está en juego es muy valioso, hay mucho dinero y también mucha influencia de por medio, directa sobre la población y el terreno de la política.

La industria de los medios es clave en la conformación de una sociedad, especialmente en esta época en que las comunicaciones se han hecho masivas y las empresas tienen cada vez más la capacidad de penetrar en las casas de las familias, no sólo con productos y servicios, sino con ideas.

Hay modelos visibles de cómo es que esto ocurre y sus repercusiones. Uno puede ser el de Berlusconi en Italia: periódicos, canales de televisión y equipos de futbol, que llevan hasta al control del gobierno y la manipulación de las leyes. Otro puede ser el de Rupert Murdoch con el imperio de News Corp, una miríada de diarios y el control de un gran sistema de canales de televisión por cable. El gobierno británico no puede con él.

Hay, pues, mucha entretela en la lucha en las alturas del dinero y el poder que se ha desatado abiertamente en el país. Son, igualmente, muchas las consecuencias que se pueden derivar, entre ellas una mayor fragilidad del gobierno y del Estado y el desgaste de las instituciones.