El documental Presunto culpable ya no será retirado de las salas cinematográficas. Este lunes, como informó La Jornada en su edición de ayer, la juez federal Blanca Lobo negó la suspensión definitiva de la exhibición del filme solicitada por un testigo que se dijo afectado con la promoción del mismo, aunque en el mismo resolutivo ordenó a la Secretaría de Gobernación que realice los trámites necesarios para que las distribuidoras de la cinta difuminen la imagen del quejoso que aparece en el filme de Roberto Hernández.

Las partes del litigio cuentan con tres días hábiles para impugnar la resolución de Lobo, si así lo desean, a fin de que sea un tribunal colegiado el que resuelva en definitiva si debe difuminarse en todas las copias de Presunto culpable que se exhiben en el país la imagen de quien pidió el amparo.

Según consta en la lista de acuerdos del juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa, que se publicó la mañana de este lunes en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la juez notificó a las partes del litigio el resultado de su determinación.

También este lunes el juzgado décimo de distrito en materia administrativa, donde se tramita otra demanda de amparo similar a la anterior, negó otra suspensión definitiva que buscaba sacar de las salas cinematográficas a Presunto culpable.

En su resolución la juez Lobo varió diametralmente su argumento original, cuando concedió la suspensión provisional hace tres semanas, y ahora ponderó los derechos sociales, entre ellos el derecho a la información, por encima de los derechos privados del quejoso.

Por la tarde, en un comunicado, el CJF difundió que la juez Lobo ordenó a Gobernación que realice las acciones necesarias para que a la brevedad ordene a las distribuidoras de Presunto culpable que difuminen la imagen de Víctor Manuel Reyes (solicitante del amparo), quien aparece en el filme.

Se ordena que se difumine la imagen del quejoso en la cinta cinematográfica, tomada consideración de que en su demanda de garantías el quejoso se duele de que la exhibición pública de su imagen, cuya filmación y exhibición asegura no haber autorizado, y también asegura que como consecuencia de tal exhibición se le han causado molestias a su persona, temiendo, inclusive por su seguridad; toda vez que el análisis definitivo para determinar si la autorización reclamada se realizó respetando la intimidad y la vida privada del quejoso, lo que acontecerá hasta la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo y no en el incidente de suspensión que nos ocupa, refirió.

Mandato judicial

Lobo agregó que “en esas condiciones, atendiendo a ese buen derecho del quejoso y el peligro en la demora de su protección, la suscrita estima necesario dictar medidas cautelares para conservar la materia del juicio de amparo y evitar daños y perjuicios de imposible reparación al impetrante.

“Por consiguiente y en virtud de este mandato judicial, la autoridad responsable, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, deberá girar inmediatamente, y verificar que se cumplan, las órdenes que se estimen indispensables y suficientes a fin de que durante la exhibición comercial que autorizó del documental Presunto culpable, se resguarde y camuflaje la identidad del quejoso, así como sus datos personales, toda vez que esos derechos del quejoso también se encuentran protegidos por la Constitución”, determinó Lobo en su resolución.

Este nuevo fallo puede ser impugnado ante un tribunal colegiado, en caso de que así lo soliciten las autoridades de Gobernación, los abogados de Cinépolis y/o el director del documental, Roberto Hernández.

Este fallo corresponde al amparo que promovió Víctor Manuel Reyes, primo de Juan Carlos Reyes, quien fue asesinado en diciembre de 2005 en Iztapalapa y por cuyo crimen fue acusado José Antonio Zúñiga, protagonista del documental.

Debido al testimonio de Víctor Manuel Reyes, José Antonio Zúñiga pasó más de 2 años en el Reclusorio Oriente por un crimen que no cometió.