n la capital del imperio, Felipe Calderón desahogó su impotencia con el entrevistador de The Washington Post, y Barack Obama se mostró inflexible y hasta burlón con el invitado. Luego salieron ambos a cámara y dijeron que se querían mucho y que ambos gobiernos estaban unidos en esta historia y enfrentarían con mayor coordinación la embestida del mal.

Mientras tales escenas tenían lugar a un lado del Potomac, en Phoenix unos agentes del gobierno de Estados Unidos observaban impasibles el paso de miles de armas de fuego hacia el lado sur del Bravo y unos soldados mexicanos hacían su mejor esfuerzo por introducir al país vecino un suculento despacho de cocaína, casi una tonelada. Tal vez contaban con la complicidad de autoridades de algún nivel al norte de Tijuana, o quién sabe: no alcanzaron la línea fronteriza porque antes de eso fueron detenidos en territorio mexicano.

Los muchachos de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BAFT), por su parte, han corrido con mejor suerte: nadie ha sido detenido, hasta ahora, por más que en Washignton uno que otro funcionario se ha rasgado las vestiduras. Las armas a las que dieron libre tránsito –entre mil 500 y 2 mil 500– están, por lo pronto, en malas manos, según la versión oficial.

Que disculpen ambos gobiernos, pero no se les puede creer mucho que digamos cuando hablan de la seriedad de su cruzada conjunta (y con jerarquías) contra la delincuencia, las drogas ilícitas y la violencia.

Lo de los cómplices de la BAFT, lo del alcalde de Texas detenido por trasiego de estupefacientes o lo del escuadrón narco del Ejército mexicano parecen ser migajas de vocaciones estatales mucho más amplias y arraigadas: hay segmentos enteros de la administración de Estados Unidos que, en el pasado reciente, han recurrido al tráfico de drogas como forma de allegarse fondos, o bien para dar viabilidad a aventuras injerencistas, o para ambas cosas, o bien para otras; hay una montaña de datos sobre los vínculos entre altos personajes de la clase política mexicana y los cárteles de las drogas.

Hay, pues, algo que no armoniza con la lógica cuando, desde esas cumbres podridas del poder público, la Casa Blanca le exige a Los Pinos que controle a la delincuencia y Los Pinos le exige a la población mexicana que se involucre en forma activa en la guerra declarada con bombo y platillo por el propio Calderón y luego negada de manera vergonzante por él mismo. La seguridad es responsabilidad de todos.

Perdonen pero, con base en antecedentes, no podemos tomarlos muy en serio. Es más: a muchos se nos da por sospechar que los encontronazos entre ustedes y las declaraciones de simpatía mutua, las iniciativas Mérida y los protocolos de entendimiento que exhiben o que ocultan, y todo este ruido que hacen en los medios no son, en realidad, aprestos de la guerra contra la delincuencia, sino la fachada de un operativo para desestabilizar al país.

Y todo indica que cuando uno de ustedes dice que vamos ganando y el otro le expresa reconocimiento por la valentía y la resolución empeñadas, hablan con la estricta verdad: cada región que escapa al control gubernamental, cada nueva masacre, cada cota de violencia, son triunfos en ese empeño de ustedes por suprimir la viabilidad, la institucionalidad y la paz del territorio mexicano.

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