o sólo es importante ganar sino la forma en que se gana. El proceso electoral en el estado de México está tironeado por esta disyuntiva. Este mes será determinante en el proceso electoral porque habrán de definirse las principales apuestas políticas en materia de candidatos a la gubernatura, y se conocerá el resultado de la consulta ciudadana que en cierta forma delineará la viabilidad de la alianza PRD-PAN. El Edomex cuenta, como sabemos, con el padrón electoral más alto del país, con 10.5 millones pero con un alto grado de abstención que rebasa en promedio 50 por ciento.

Si bien todo hace suponer que el PRI aventaja notablemente a sus adversarios políticos con o sin alianzas, nada garantiza un triunfo en automático. A pesar de tener el aparato partidario más sólido y las encuestas en su favor, el PRI no tiene un cheque en blanco ni el triunfo asegurado. La explicación la encontramos en el comportamiento del electorado, sobre todo a escala municipal; éste recambia continuamente su voto. Estudios de la UAEM muestran que la alternancia en los ayuntamientos alcanza 80 por ciento, por ejemplo en Ecatepec, el municipio con mayor población, ha cambiado de colores en los últimos tres comicios. Mientras que en 2000 el voto mayoritario en la entidad fue para Vicente Fox, del PAN, y en 2006 fue para Andrés Manuel López Obrador, del PRD.

El clima político en la entidad es particularmente tenso. Los temores a la candidatura común y a las alianzas justificaron una polémica reforma electoral en 2010, su imposición ha propiciado un clima de creciente polarización e interrupción de acuerdos. La llamada ley Peña ha erigido en cierta forma la antesala de la guerra sucia. Antes de entrar en las campañas hay una atmósfera enrarecida que presagia tormentas. Por ahora, la válvula de escape a la presión política se ha focalizado tanto en el árbitro electoral como en el tribunal local. El PRI y el gobierno local pugnaron por asegurar ambos espacios, colonizando con posiciones de actores leales y dúctiles. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no sólo tiene cuatro consejeros afines, sino al aparato, efectivamente director general que es la verdadera fuente de poder real en el instituto. Justo por el desbalance tan evidente, los órganos electorales entran a escena como instancias mermadas de autoridad moral y fuente de descalificaciones no sólo de los partidos de oposición sino de un sector de la opinión pública. El IEEM acaba de celebrar su aniversario 15, en medio de reproches, al grado que el Partido del Trabajo ha abandonado las sesiones del Consejo General en señal de agravio. La clase política mexiquense puede pagar caro el sometimiento que ha operado hacia el instituto, pues en tan sólo seis años han operado cuatro consejos diferentes, cuatro presidentes, de los cuales dos renunciaron; además de escándalos de corrupción de proporciones mayúsculas, como el caso de la cartonera plástica en 2005. El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) no se queda atrás. Ha resultado costoso e ineficiente. Este órgano electoral también ha sido cuestionado, no sólo por su sesgado comportamiento, sino por la lentitud de sus resoluciones. El tribunal federal le ha corregido la plana y le ha exigido ser más expedito; el TEEM, con una composición igualmente inclinada hacia el partido en el poder, según una investigación del periódico Reforma en 2010, de las 28 resoluciones que fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 42.8 por ciento fue revocado o modificado o se ordenó dar cumplimiento a una sentencia en otro sentido. Se calcula que cada resolución cuesta 1.6 millones de pesos y para colmo, el tribunal citado se vio envuelto en escándalos por haberse adelantado bonos, es decir, antes de que den inicio las campañas se han premiado los magistrados mexiquenses por un trabajo que aún no han desempeñado. Por ello, en casos de querella, los partidos de oposición buscan brincarlo y acuden directamente a los tribunales federales. El proceso electoral, por tanto, tiende a la judicialización. Buena parte de las decisiones y resoluciones del Consejo General del IEEM, terminan en los tribunales. Menciono sólo algunos casos: la designación de consejeros distritales y de vocales, monitoreo, reglamentos internos, multas a partidos, propaganda gubernamental y adopción de medidas cautelares. Muestran no sólo un proceso trompicado, sino la falta de acuerdos que van más allá de los órganos electorales y el riesgo latente de crispación.

Pronto tendremos el destape del candidato tricolor. Salvo excepciones, han de predominar los llamados políticos tolucos. En este proceso todo indica que seguirán prevaleciendo, paradójico en verdad, pues 80 por ciento del electorado está en la diadema geográfica del valle de México. El electorado mexiquense se concentra principalmente en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco y Chalco. También a fines de mes se definirá, vía consulta, el posible desenlace de alianza entre el PAN y el PRD. Para algunos es una farsa, para otros una innovación de acercamiento de los partidos con la ciudadanía. Está por determinarse, con la posible alianza, qué tan alto será el costo político para la izquierda mexicana. Flotan cuestiones en el proceso mexiquense que inquietan a la ciudadanía: ¿hasta dónde el pragmatismo y la búsqueda del poder pasan encima de los valores de la democracia?, ¿hasta dónde el interés de grupo subordina los proyectos de nación y la lógica del bien público? Ganar, no importa cómo, sí importa. El absurdo dilema del dinero antes que la justicia.

Consulte: www.votolimpio.org