El gobierno de Estados Unidos comenzó el intercambio de información con autoridades mexicanas respecto de la operación Rápido y furioso, y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) está abriendo líneas para indagar si funcionarios de aduanas nacionales fueron copartícipes del tráfico de armas hacia México, ilícito permitido por agentes de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, en el caso del ataque que sufrieron dos integrantes de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) en San Luis Potosí, en el que murió el agente Jaime Zapata, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no cuenta con información clara de cómo ocurrieron los hechos.

Por lo que hace a la operación Rápido y furioso, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que autoridades mexicanas han comenzado a recibir información detallada de las investigaciones que realizaron los agentes de Estados Unidos, y en ese contexto presuntamente los cárteles de Sinaloa, de los hermanos Arellano Félix, el de Juárez y Los Zetas se habrían beneficiado del tráfico ilegal de más de 2 mil armas que se transfirieron de territorio estadunidense a México por parte de grupos criminales, con autorización de ATF.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las autoridades mexicanas han obtenido indicios de los estados a los que fueron enviadas las armas traficadas desde Arizona e introducidas a México desde diversos puntos de la frontera norte, que supuestamente también ingresaron en algunos casos por garitas bajo la supervisión de agentes mexicanos.

La operación se puso al descubierto gracias a las revelaciones que realizó el agente de ATF John Dodson a la cadena televisiva CBS, en Estados Unidos, en las cuales reconoció que con una de las armas traficadas se cometió el asesinato de Jaime Zapata.