Las armas provenientes de Estados Unidos pasan a territorio nacional porque hay incapacidad y corrupción en las aduanas mexicanas, advirtieron en tribuna los senadores Ramón Galindo, del PAN, y Ricardo Monreal, del PT. Ambos coincidieron en que los reclamos al gobierno de Estados Unidos por la operación Rápido y furioso deben incluir un informe de las autoridades mexicanas que tienen la obligación de vigilar que no pase ningún contrabando de armamento.

El senador panista (Galindo) destacó que las organizaciones criminales actúan cada vez con mayor brutalidad en contra de sus rivales, como estrategia para intimidar a sus antagonistas y a la sociedad en general. En los asesinatos cometidos por comandos armados de dichos grupos criminales es común el uso de armas de fuego de grueso calibre, principalmente rifles de asalto AR-15, AK-47, fusiles Barrett calibre 50, así como armas cortas automáticas calibres 40, 45 y 9 milímetros.

El senador Galindo resaltó que “los representantes de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) han declarado que Tucson y Phoenix, en Arizona, son las ciudades preferidas por los compradores de armamento empleado por los cárteles mexicanos, y que se estima que alrededor de 60 por ciento de las armas adquiridas por estas organizaciones criminales proviene de dichas ciudades”.

El panista propuso que el titular del Servicio de Administración Tributaria, así como el secretario de Seguridad Pública federal, informen al Senado sobre cuáles son los controles que se implementan para impedir el cruce ilegal de armas de fuego a territorio nacional, y si se han puesto en marcha procedimientos extraordinarios o conjuntos entre estas dependencias para impedir dicho contrabando.

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal Ávila, aseveró por su parte que “el tráfico de armas es un asunto que si no se atiende en su justa dimensión por parte de ambos gobiernos –el mexicano y el de Estados Unidos– pronto causará más estragos. Se ha dicho que 90 por ciento de las armas introducidas a territorio mexicano provienen de Estados Unidos, pero se trata de armas rastreadas y rastreables, es decir, aquellas cuyo número de serie no ha sido borrado”.

Monreal subrayó que como parte de la supuesta cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas, el gobierno de Washington ofreció la Iniciativa Mérida y pidió intensificar la estrategia punitiva basada en la militarización del país. A cambio hemos obtenido un récord mundial de hechos de violencia y muerte sólo comparable con estados que atraviesan guerras regulares e irregulares de alta o baja intensidad.

México, abundó el petista, ha gastado 10 mil millones de dólares anuales en seguridad, y como parte de la Iniciativa Mérida nos han dado una limosna de mil 300 millones, lo que además ha sobajado nuestra soberanía nacional al permitir operar 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano.

Cada día, advirtió Monreal, es más fuerte la posibilidad de que aumente la injerencia estadunidense en los asuntos de política interna, particularmente en seguridad pública y nacional.