Irapuato, Gto., 15 de marzo. En medio del litigio con la Cámara de Diputados, el presidente Felipe Calderón entregó la primera cédula de identidad para menores a la niña Fernanda Ávalos Ayala, como parte de los primeros 10 documentos expedidos, de los 26 millones que se pretende distribuir al concluir su sexenio. Al defender su postura respecto de este polémico documento, dijo que su entrega no sólo es una necesidad inaplazable, sino también un deber y una obligación del gobierno, y un derecho de los ciudadanos.

Previamente, el mandatario había sido testigo del proceso de levantamiento de datos al niño Juan Giovani García Delgado, de quien en menos de 10 minutos obtuvieron toda su información personal: fotografía, las 10 huellas dactilares y la imagen del iris del ojo. Quiero destacar que estamos utilizando instrumentos de la más alta tecnología, tanto para la captura de la información biométrica como es el registro del iris del ojo, que se pasa por una computadora, y ese registro es prácticamente infalsificable.

Calderón desglosó lo que refirió como uno de los procedimientos más seguros para la obtención y salvaguarda –según dijo– de los datos personales de la población. La cédula de identidad personal es un proyecto seguro, es confiable, protege la información personal y nos da la identidad formal a la que tenemos derecho.

Apenas la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio entrada a una controversia constitucional en contra de la Ley General de Población, que pretende impedir la expedición de este documento.

Sin embargo, este martes comenzó la distribución de las primeras cédulas de identidad para menores en Baja California, Colima y Guanajuato, entidades donde se inició el levantamiento de datos en enero pasado, según dio a conocer la Secretaría de Gobernación. Nuevo León, Jalisco y Chiapas será el segundo bloque de entidades donde arranque el proceso –tan cuestionado por la Cámara de Diputados, que ha censurado los alcances del proyecto–, que abarca a los menores de entre cuatro y 17 años.

En espera de que los ministros definan el futuro de la cédula de acuerdo con el marco jurídico actual, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, aludió una y otra vez a la legalidad del documento: la expedición de esta primera cédula se da en un marco de legalidad, certeza jurídica y seguridad absoluta.

Durante la ceremonia, Calderón aludió a la recurrente postergación de este proceso que, subrayó, se encuentra en la Ley General de Población, como una obligación gubernamental. ¿Desde cuando es una obligación del gobierno dar la cédula de identidad? Por lo menos desde 1990. ¿Y por qué no la daban? Ahora sí que quién sabe.

Con la presencia de decenas de menores, el Presidente explicó las ventajas que implicará la cédula de identidad, en primera instancia, en el ámbito de seguridad, pues permitirá reducir el riesgo del robo y tráfico de menores. Recordó que es triste la existencia de este delito para explotar a los niños y que se facilita cuando éstos no cuentan con un documento de identidad.

Calderón aludió también como otra de las ventajas la reducción de riesgos de suplantación de beneficiarios en los programas sociales y simplificará los trámites para la incorporación y obtención de los apoyos. Vamos a hacer también que el gobierno sea menos engorroso en sus trámites y sea más eficiente; va a ser más fácil para un funcionario de Procampo identificar al beneficiario.

Agregó que la entrega de esta cédula de identidad protege a la población más vulnerable del país, en especial a menores que carecen de documento de identidad, y a mayores de edad, en especial de comunidades indígenas, que nunca han sido registrados.

Senaló que en el procesamiento de esta información se tienen esquemas de seguridad, pues no cualquiera podrá levantar los datos biométricos ni acceder a ellos. En el primer caso, dijo, será personal que haya aprobado los controles de confianza requeridos para esta tarea.