La Secretaría de Gobernación (SG) solicitará a la juez Blanca Lobo, quien atiende el caso del documental Presunto culpable, que precise el alcance de su resolución (en el sentido de camuflar la imagen del testigo que aparece en esa cinta), porque la ley de cinematografía prohíbe la censura o mutilación de películas.

Hace muchos años en este país se enlataban películas; en una oficina de gobierno cortaban la cinta y alguien se asumía como autoridad para definir qué se podía ver. Pero esto ya quedó en el pasado, señaló Héctor Villareal, subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación.

Aclaró que esta nueva solicitud a la juez (la primera fue cuando ordenó a la autoridad notificar el retiro provisional de la película) tiene el propósito de aclarar esas medidas, en las que hay confusión y en las que la SG no está de acuerdo.

Medidas incongruentes

La juez negó la suspensión definitiva, pero dispuso la aplicación de medidas que en opinión de Gobernación conllevan efectos equiparables a la propia suspensión y, además, resultan incongruentes con las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

El artículo 21 de la Ley de Cinematografía señala que para la exhibición de una película ésta no puede ser mutilada, salvo por orden del titular de los derechos de autor.

La SG impugnará la medida judicial, la cual califica como confusa.

No se puede ir a la sala y manipular las cintas, agregó Villareal, quien comentó la orden de la juez, quien determina: RTC deberá girar y verificar que se cumplan las órdenes que se estimen indispensables y suficientes, a fin de que durante la exhibición comercial se resguarde y camuflaje (sic) la identidad y datos personales del quejoso.