Villahermosa, Tab., 16 de marzo. Más de 414 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 67 por ciento de los 617 mil que la paraestatal tiene en Tabasco, no pagan sus recibos debido a que la mayoría participa en un movimiento de resistencia civil.

Cifras de la CFE señalan que hasta diciembre de 2010 había dejado de percibir más de 2 mil 275 millones de pesos. Del total de deudores, alrededor de 350 mil (57 por ciento de los usuarios) están en huelga de pagos. Sólo en el municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa, hay más de 80 mil viviendas en rebeldía.

En febrero la protesta cumplió 16 años en el estado, encabezada por dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comités de 17 municipios, así como legisladores locales y federales.

Otros consumidores domésticos e industriales simplemente han dejado de pagar debido a las elevadas tarifas.

La resistencia civil contra la CFE en Tabasco se inició en 1995, en una asamblea pública frente a más de 60 mil personas reunidas en la Plaza de la Revolución de Villahermosa. La dirigencia estatal del PRD convocó a la población a dejar de pagar sus recibos de luz por las alzas y los abusos constantes a las tarifas de energía eléctrica.

Ahí se planteó que el objetivo central de la resistencia civil: borrón y cuenta nueva, así como una tarifa eléctrica justa y preferencial que el pueblo de Tabasco pueda pagar.

El 11 de octubre de 2007, los gobiernos federal y estatal firmaron el Acuerdo Solidario Compensatorio por Tabasco, con el que se buscaba una solución mediante un subsidio para cubrir parte de la deuda de los morosos.

En el Centro de Convenciones Tabasco 2000, ante el presidente Felipe Calderón, el gobernador Andrés Granier y el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, firmaron el acuerdo que, según las autoridades, permitiría a miles de familias tabasqueñas pagar sus adeudos en cinco años.

Para octubre de 2007 había 200 mil usuarios en resistencia civil, y la deuda ascendía a 3 mil millones de pesos.

Según la CFE, después de la firma del acuerdo, entre 2008 y 2009 el adeudo bajó unos 800 millones de pesos gracias a los pagos de usuarios que se acogieron al programa; además, el gobierno del estado aportó 146 millones de pesos.

No obstante, el conflicto se agudizó porque las tarifas siguieron en aumento. Granier admitió el 26 de mayo de 2009: Los recibos están llegando de nuevo muy caros, lo que afectaba en mayor medida a los hogares. Aseguró que su administración buscaría regularizar estas anomalías.

El conflicto llegó a la legislatura local, que el 9 de marzo acordó enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar diversas disposiciones jurídicas que regulan el servicio público de energía eléctrica y aprobar nuevas tarifas.