n uno de los despachos diplomáticos entregados por WikiLeaks a La Jornada, del que se da cuenta en la edición de hoy, la embajada de Estados Unidos en México manifiesta su preocupación
por el hecho de que las empresas dominantes en el terreno de las telecomunicaciones en nuestro país continúen ejerciendo influencia sobre el sistema judicial, el Poder Legislativo y los organismos reguladores para impedir la competencia
.
Los señalamientos permiten ponderar que, en lo que toca al control oligárquico de las telecomunicaciones en el país, las autoridades estadunidenses se conducen con la misma ambigüedad e hipocresía con que lo hacen en el tema del combate al narcotráfico: la supuesta inquietud de Washington por el vasto poder de facto que detentan las empresas televisivas y telefónicas en México colisiona con el papel central que ese mismo gobierno desempeñó en el diseño del modelo económico neoliberal, impuesto en el país hace más de cinco lustros: entre otros efectos nefastos, la adopción del llamado Consenso de Washington propició una aguda concentración de la riqueza en unas cuantas manos y dejó el control de las telecomunicaciones en un reducido grupo de empresarios, en buena medida gracias a los procesos de privatización que se llevaron a cabo durante la presidencia de Carlos Salinas.
Por lo demás, la vigencia de ese modelo en el país durante el pasado cuarto de siglo ha conllevado una erosión en las atribuciones del Estado y un retroceso de éste frente a los poderes fácticos: no es de extrañar, en tal contexto, que la autoridad mexicana encargada de procurar competencia en las distintas ramas de la economía sea más débil que sus contrapartes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
, como los diplomáticos estadunidenses mencionan en otro de los cables reseñados hoy en estas páginas.
A la doble moral de las autoridades de Washington ha de sumarse la que han demostrado, en el mismo ámbito, sus contrapartes mexicanas. Por un lado, el gobierno federal insiste en la necesidad de erradicar los monopolios existentes en las telecomunicaciones, pero muestra, por el otro, un comportamiento parcial en su relación con esos consorcios, en detrimento de la real competitividad en el sector. Así ha ocurrido con los diversos episodios de favoritismo gubernamental en beneficio de Televisa –el caso de la impugnada licitacion 21 es el más reciente–, los cuales, por añadidura, han despertado suspicacias sobre un pago de facturas al respaldo –tan indebido como inocultable– que la empresa de Emilio Azcárraga Jean brindó hace cuatro años a la candidatura del actual jefe del Ejecutivo y a la campaña de linchamiento mediático contra el principal aspirante presidencial de la oposición.
Según se ve, los únicos monopolios que el actual gobierno se ha dedicado a combatir en forma decidida son los que, por mandato constitucional, detenta el propio Estado sobre las estratégicas industrias petrolera y eléctrica: en esos ámbitos, según consta en reportajes recientemente publicados por este diario, el gobierno calderonista, como sus antecesores, se ha valido de subterfugios diversos para trasladar a manos privadas, a contrapelo de la legalidad, potestades, actividades y hasta ganancias que corresponden exclusivamente a la nación.
En suma, el discurso adoptado por el gobierno de México contra los monopolios de las telecomunicaciones y en favor de la competitividad resulta tan hipócrita e inverosímil como el de su contraparte estadunidense, y ese déficit de credibilidad no podrá remontarse en tanto la autoridad no muestre una voluntad real de impulsar la democratización y la verdadera competencia en las telecomunicaciones, y ponga a ese importante sector al servicio de la población.
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