La reforma penal que incluye los llamados juicios orales no tiene reversa, aseveró Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Dijo que el caso de Marisela Escobedo (asesinada en Chihuahua cuando exigía la reaprehensión del homicida confeso de su hija) es excepcional entre miles de expedientes que siguen un curso ordinario y otros tantos que ya se desahogan, precisamente con base en los juicios orales.

Hay que diferenciar claramente (lo que son) juicios excepcionales y tradicionales. Creo que el caso de Chihuahua, el de Rubí (Frayre, hija de Marisela), es excepcional; es decir, no necesariamente se da en todos los juicios. Si vemos las estadísticas, el número de juicios es inmenso, a comparación de los juicios en los que pudo haber existido una falla o error judicial o del Ministerio Público, pero no por ello debemos generalizar y decir que el sistema de los juicios adversariales es defectuoso, expresó.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación (SG), Borrego Estrada dijo que a casi tres años del decreto de reforma constitucional que prevé la oralidad como sustento de juicios, ocho entidades ya cuentan con este marco jurídico, entre éstas Chihuahua, Oaxaca, Morelos, estado de México, Durango, Zacatecas y Nuevo León, y están por concluirse las enmiendas respectivas en Hidalgo, Yucatán y Guanajuato, y posiblemente se realizarán en Puebla.

El lapso que se fijó para la aplicación del nuevo sistema es de ocho años, el cual vence en 2016, y aunque sólo hay avance en la cuarta parte de las 32 entidades del país, Borrego Estrada asegura que no hay dilación. No vamos lentos; lo que pasa es que vamos con paso firme.

Defendió este método, que cada vez es utilizado con mayor frecuencia en naciones de América y Europa, mientras en México está a punto de ser publicado un código que busca garantizar equilibrio en los juicios, proteger a las víctimas y evitar el hipergarantismo al reo.

Pese a la situación de violencia en el país, en especial en Chihuahua, el responsable de coordinar las reformas de este tipo dijo que los cambios constitucionales deben confirmarse.

El caso excepcional al que se refirió es el de la lucha de una madre para que se reaprehendiera al homicida confeso de su hija. Los jueces absolvieron al sujeto, y este miércoles trascendió que fue asesinado uno de los testigos –y dos integrantes de su familia– que participaron en ese juicio oral. Sin embargo, para el gobierno federal este tipo de procedimientos debe ser lo que impere en el país.

Los juicios incluyen la filmación de este proceso, denominado acusatorio adversarial.

En momentos en que hay una polémica por el documental Presunto culpable, Felipe Borrego advirtió que hoy más que nunca se han puesto a la luz las terribles deficiencias de nuestro actual sistema de justicia penal.

La cinta, aseveró, muestra que la lentitud, desigualdad, corrupción e impunidad son el denominador común en los procesos penales en México.

La reforma constitucional de junio de 2008 se traduce en un esfuerzo por transformar este proceso inoperante, rebasado y con mucha oscuridad, en el que la sociedad no se entera de lo que sucede; es el primer paso para implementar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que busca no sólo la transformación normativa a lo largo de nuestro país, sino la restructuración integral del funcionamiento y forma de ser de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Es decir, este nuevo modelo de justicia no radicará en un sistema de transcripciones e intercambio de papeles, sino en un conjunto de audiencias orales en las que se deberán respetar los principios de oralidad, contradicción, publicidad, continuidad e inmediación.