La reforma a la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que establece penas de cárcel para quienes publiquen anuncios de comercio sexual o contraten dichos servicios, es confusa, y podría criminalizar a quienes de forma voluntaria y consciente ejercen ese trabajo, por lo que tendría que ser modificada para evitar ambigüedades, expresaron activistas de organizaciones especializadas en la materia.

Gabriela Rodríguez, directora general del colectivo de educación sexual Afluentes, señaló que la iniciativa no toma en cuenta que la prostitución es una actividad libre y no penalizada por las leyes mexicanas, que forma parte del derecho a la privacidad siempre y cuando sea ejercida por mayores de edad que no estén siendo coaccionados de ninguna forma.

Están confundiendo esto con la explotación y el abuso, y si no lo tienen claro, pueden criminalizar a los trabajadores sexuales que lo hacen por su propia voluntad, sostuvo.

José Aguilar, coordinador nacional de la Red Democracia y Sexualidad, coincidió en que la reforma no está clara, y puede desatar una cacería de brujas contra quienes se dedican a esa actividad por su voluntad.