ara Thierry Gonnet, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), pese a los intentos calderonistas para normar el outsourcing e identificar empresas evasoras de impuestos y pago de cuotas obrero-patronales hoy no existe regulación y se carece de datos para atacar el problema.

Por tanto, una reforma laboral –como la repudiada Iniciativa Lozano y ahora la del PRI– sería insuficiente para combatir la tercerización de personal ilegal, pues aunque se incrementan las sanciones para quienes violan la ley no es toda la solución. Habría que incorporar a otros agentes, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), elaborar un reglamento para el sector y un padrón con empresas y trabajadores.

Gonnet puntualiza: no existen estadísticas de cómo está el sector de tercerización en México. Fuera de la AMECH no sé cómo están los demás. No lo sé porque no hay datos y no hay datos porque no hay regulación.

Abogados laboristas señalan que no todas las compañías de outsourcing funcionan con objeto de evadir prestaciones laborales. Sin embargo, subrayan, la tendencia en México va más enfocada a ese objetivo.

¿Cómo entonces y sobre qué base Calderón, Lozano y ahora el PRI buscan darle carta de naturalización vía sus reformas?

En mayo del año pasado, cerca de 175 litigios contra empresas de outsourcing que despidieron injustificadamente a trabajadores en áreas de limpieza, call center y marketing se encontraban en trámite en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Simultáneamente el SAT continuaba pesquisas para detectar despachos de consultoría promotores de evasión vía empresas de tercerización o esquemas de suministro de personal outsourcing.

El director del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reveló en junio que tenían 540 auditorias abiertas en empresas de outsourcing y 22 casos por defraudación fiscal. “Casi todos –precisó– los hemos ganado en todas las instancias” y las auditorías van a seguir enérgicamente, así como los operativos. Detalló que hay cuatro despachos que han estado activamente en esto.

Es el caso de Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) que asesora equipos de futbol (cooperativa Cruz Azul) cobrando 8.5 por ciento de comisión sobre el flujo total a manejar para –con dobles contratos: uno para el fisco y otro para el interesado– no pagar retenciones por salarios abonados a jugadores.

Existen contratos de prestación de servicios profesionales entre el Cruz Azul y el entrenador Enrique Meza. Uno por 600 mil dólares (torneos de apertura 2009, 2010, 2011 y torneo de clausura 2012). Pero otro contrato –con el mismo clausulado– se celebró por un millón 200 mil dólares. En ambos, signados por el presidente del club, se afirma que éste pagará las cantidades correspondientes a impuestos para que el entrenador reciba las cantidades netas. Para ello se usan cuentas bancarias en California.

En las investigaciones del SAT también puede participar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectando evasiones por medio del análisis mensual –con importe anual– de los pagos de honorarios por contratación de servicios y asesorías. El reporte contempla la actividad individual así como sus contratos, recibos y facturas.

Por su parte y desde 2009, la auditora KPMG había comunicado a la cooperativa Cruz Azul que podrían ser investigados. Finalmente, el despacho IDN fue intervenido en sus subsidiarias de Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Monterrey y DF. También sonó el equipo Necaxa.

La consultora Aregional estima que la evasión en pago de cuotas al IMSS por empresas de subcontratación sumaba 40 millones de pesos diarios. Cada vez son más Pymes las que recurren a él. Hasta 86 por ciento de los trabajadores contratados pertenecían a firmas que incumplen leyes fiscales y laborales. La Cámara de Diputados ubicaba en más de 525 mil millones de pesos el desfalco fiscal ocasionado por las empresas outsourcing durante el periodo 2005-primer trimestre de 2010.

Tanto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como la Secretaría del Trabajo ubican a México en el lugar 19 mundial en recurrencia al sistema de subcontratación, sumando 2.4 millones de trabajadores. Si estos millones dispusieran de contratos tradicionales hubieran generado obligaciones por casi 302 mil millones de pesos. Pero, por el outsourcing sólo generaron 23 mil millones. La facturación empresarial ha generado un impuesto al valor agregado (IVA) por 140 mil millones, no necesariamente enterado.

Y al perjuicio inmediato para los trabajadores se agrega la afectación directa de su pensión al reducirse la contribución al fondo a una base de 1.5 salarios mínimos. Sólo en los pasados cinco años, uno de cada siete trabajadores han sido contratados vía outsourcing. Más de la mitad de ellos se ubican en el DF. Su presencia se duplicó minando los derechos laborales y reduciendo las aportaciones a la seguridad social y al fisco.

Finalmente, en mayo de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales dos reformas legales –al artículo 15 de la Ley del Seguro Social– vigentes desde 2009, dirigidas a combatir prácticas de subcontratación con las que algunas empresas evaden el pago de prestaciones a sus empleados. La reforma obliga a las empresas que subcontratan la prestación de servicios a responder por las cuotas al IMSS de esos trabajadores en caso de que su patrón directo no lo haga.

Aunque no faltó quién señalara que, con todo y que las auditorías anunciadas por el SAT para fiscalizar a las empresas de tercerización son atinadas, no dispone de los mecanismos ni la capacidad investigadora para detectar a las empresas evasoras.

Pero ahora el PRI quiere legalizar ese outsourcing. ¿Con qué debate parlamentario?

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco