éxico sufrió caprichos, chantajes y excesos de las trasnacionales petroleras. De allí la decisión cardenista de recurrir a la expropiación, en 1938, para frenar la voracidad de tales consorcios, detener el saqueo y reivindicar el interés nacional. Pero lo que el país padeció parece que no fue suficiente para convencer a la nueva generación de políticos (gerentes, en realidad) que hace y deshace para que esa riqueza mexicana retorne, sin más, a las alforjas de las citadas empresas (ahora modernizadas).

A lo largo de las últimas tres décadas, los cinco gerentes que han ocupado Los Pinos (todos ellos adiestrados en el vecino del norte) discrecionalmente han dispuesto de las finanzas petroleras, al tiempo que han permitido la entrada (por la puerta de atrás y valiéndoles la Constitución) de esas trasnacionales que tanto dañaron al país y que hoy, según la versión oficial, están de regreso para agregar valor a la renta nacional. En este contexto, el más reciente de ellos de plano ya no sabe qué decir cada que le toca hablar en el aniversario de la expropiación petrolera. Le resulta verdaderamente incómodo ir a decir cosas que no siente ni quiere y mucho menos pretende respetar. Esto se asemeja a otros ilustres gerentes, quienes, también por razones de agenda, tenían que echarse un rollo sobre la Revolución mexicana. Con un discurso falso, guango, lleno de lugares comunes y, sobre todo, alejado de sus convicciones e intenciones, tenían que cumplir con el rito, hasta que, prácticos, cancelaron la conmemoración.

Así, en el 73 aniversario de la expropiación petrolera Felipe Calderón perdió una oportunidad de oro para hablar de los éxitos del equipo Pachuca o las golizas del Morelia, o de cómo lamentablemente no podrá recurrir al erario para asistir al Mundial de Brasil en 2014, como lo hizo al de Sudáfrica 2010, o de cualquier otra cosa que realmente le ilusiona. No. Se vio en la penosa necesidad de abordar el tema de la ocasión, y recetó una perorata igual de superficial que de falsa, pues aseguró, entre otras cosas, que Petróleos Mexicanos no es patrimonio de un gobierno, de un partido, ni de un grupo político. Es una empresa que pertenece a todos los mexicanos de hoy y de mañana. Por eso, los habitantes del país, los verdaderos dueños, tienen derecho a saber cómo se gasta y en qué se gasta el dinero que obtiene. Por eso, no cuentas secretas, no cajas chicas en esta empresa, que es de todos los mexicanos.

Alguien tendría que haberle avisado que Petróleos Mexicanos se cuenta entre las 20 dependencias federales que en 2010 se resistieron a transparentar su tarea o negaron datos a los ciudadanos, de acuerdo con la evaluación del Instituto Federal de Acceso a la Información. En el mismo inventario aparece la Secretaría de Hacienda, que tampoco está dispuesta a respetar el derecho a saber cómo se gasta y en qué se gasta el dinero que obtiene vía Pemex, y el sindicato petrolero, con Carlos Romero Deschamps a la cabeza, quien destaca en eso de la opacidad.

Por eso, ante tal descaro, mejor es recordar a don Jesús Silva Herzog (México y el vampirismo petrolero) para documentar de qué se trata y qué está en juego: “la legislación española separaba claramente la propiedad del suelo de la del subsuelo. Esta legislación estuvo vigente en México desde la Independencia hasta 1884 en que se expidió el Código de Minería, en el cual se asimiló la propiedad subterránea a la de la superficie. De suerte que a partir de entonces el propietario del suelo lo era también del subsuelo, ‘desde el cielo hasta el infierno’, como escribiera el doctor José María Luis Mora. En 1901 se promulgó en México la primera ley del petróleo, colocándose a los propietarios del suelo en condiciones privilegiadas. El propietario del suelo lo es también del subsuelo. Pueden hacerse exploraciones y explotaciones en terrenos nacionales, en cuyo caso la compañía deberá dar participación de 7 por ciento de sus utilidades al gobierno federal y de 3 por ciento a los estados en que se hallen ubicados los terrenos.

“El propietario del suelo, que es también dueño del subsuelo de acuerdo con la ley, tiene derecho a llevar al cabo perforaciones si así le parece, sujetándose tan sólo a requisitos insignificantes y fáciles de cumplir. En el caso de que el propietario de un terreno con indicios de contener petróleo en el subsuelo se negase a realizar exploraciones, quedaría sujeto a denuncia y podría adjudicarse al denunciante mediante convenio entre las partes. Se concedían franquicias especiales en materia de impuestos a las petroleras: de importación de maquinaria, de exportación de crudo y derivados, de barra y anclaje, etcétera. Obviamente, si se exploraba y perforaba en terrenos de propiedad privada desaparecía la participación de utilidades al gobierno federal y a los estados. Sobre las bases que arriba se indican se celebraron los contratos en 1906 con Pearson & Sons, luego traspasado a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y con la Huasteca Petroleum Company en 1908, traspasado en 1922 a la Standard Oil Company de Nueva Jersey.

“… El presidente de la República (Lázaro Cárdenas) citó el 2 de septiembre (1937) en su despacho del Palacio Nacional a representantes de las compañías (petroleras extranjeras) y a los peritos, algo así como un careo entre unos y otros. Al comenzar la junta el gerente de la compañía Mexicana de Petróleo El Águila, un caballero inglés impecablemente vestido, tomó la palabra afirmando entre otras cosas que su compañía era mexicana y que no era cierta nuestra afirmación de que era subsidiaria de una entidad extranjera. Llegué muy bien preparado. Saqué de mi portafolio un periódico financiero londinense y leí, traduciendo al español, un informe de la Royal Dutch Shell correspondiente al año de 1928 en el cual se decía: ‘Nuestra subsidiaria, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, ha obtenido buenas utilidades durante el último ejercicio...’ Se añadía que para evitar el pago de impuestos elevados se decidió dividir las acciones de 10 pesos en una de 4 de El Águila de México y otra de 6 de una nueva compañía El Águila del Canadá. Había otra Águila. The Eagle Shipping Company, a la que El Águila de México vendía sus productos por debajo de los precios del mercado, trasladando de esta manera el pago de impuesto por concepto de utilidades de México al gobierno de su majestad británica. El caballero inglés se puso muy nervioso y quiso interrumpirme. El general Cárdenas lo detuvo diciendo: ‘Deje que termine el señor’. De la confrontación salieron mal parados los representantes de las empresas…”.

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