La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que pretenden imponer los legisladores del PRI y del PAN es un fraude absoluto a los derechos de los empleados, especialmente en lo que se refiere a la estabilidad laboral y pago de salarios caídos en caso de despidos injustificados, advirtió el doctor Néstor de Buen.

“Preocupa la alianza de esos partidos; pretenden llevar a la ley (con la regulación del outsourcing) viles ‘contratos de arrendamiento de trabajadores y otros de prueba que eximen al patrón del pago de finiquitos. Estamos ante un problema muy gordo que requeriría de la movilización popular para detenerlo”, expresó.

En entrevista, el abogado, académico y litigante en asuntos del trabajo lamentó la celeridad con que integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados pretenden dictaminar dicha iniciativa, con base en el apoyo de los diputados del PAN.

En este caso –expresó– es de entenderse el respaldo a los intereses patronales, aunque no sorprende tampoco que los priístas actúen en afán de proteger a centrales fascistas, como la Confederación de Trabajadores de México.

De Buen destacó que esa iniciativa de reforma es una copia de la presentada por el PAN hace un año. Ambos proyectos, reiteró, son muy peligrosos para la contratación individual.

Entre los puntos que en opinión del litigante deberían causar alerta general y un gran movimiento popular opositor destaca la inclusión en la LFT del periodo de prueba, que permite al patrón una vía para deshacerse de los trabajadores sin pagarles indemnización.

El texto del PRI, que contiene lo sustancial del proyecto panista presentado justamente el 18 de marzo de 2010, identificado por la promoción del secretario del Trabajo, Javier Lozano, busca también legalizar el outsourcing, esto es, cuando una empresa contrata a las personas pero las pone a disposición de otra, por lo que el entrevistado advierte que eso significa una renta de empleados, cual si fueran objetos.

De Buen es doctor en derecho por la UNAM y profesor de derecho civil y del trabajo en la misma casa de estudios; además es premio Nacional de Jurisprudencia, otorgado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y ha recibido diversas condecoraciones, como la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el rey de España.

Comentó que si bien la iniciativa en referencia es razonable en materia procesal, en los juicios que se desahogan en las juntas de conciliación, en términos de la contratación individual, es un abuso, una barbaridad.

–¿Cuál es su opinión sobre la celeridad que se pretende dar a la iniciativa, incluso para dictaminar el proyecto la próxima semana?

–Evidentemente hay una razón política, porque el PRI se ha aliado con el PAN a pesar de que manifiesta que está en contra de este tipo de uniones con el PRD. De esa manera, PRI y PAN tratarán de aprovechar esta alianza para aprobar el infeliz proyecto de ley.

–Los promotores de la reforma aseguran que no sería lesivo reglamentar el tema del outsourcing.

–Eso dicen ellos, pero el outsourcing es un fraude absoluto: una empresa pequeña, sin instalaciones ni nada, tiene trabajadores que alquila a una firma grande, la cual, evidentemente, paga a la intermediaria el salario de los empleados. Entonces, se trata de un arrendamiento de personas, lo cual está estrictamente prohibido, ya que éste se refiere sólo a las cosas.

–¿Le parece que son similares los proyectos de PRI y PAN?

–Sí. Ambos tienen contratos a prueba, límite de un año para el pago de salarios caídos y otros aspectos, y curiosamente no se meten con los derechos de los sindicatos corporativos, pero ambos ofenden las garantías individuales.

De Buen dijo que los legisladores deben estudiar serenamente los propósitos de las relaciones laborales para que vean que no es aprobable la iniciativa de reforma del PRI, porque incluye muchos elementos que lesionan severamente la estabilidad en el empleo, entre otros.