La iniciativa para reformar varios artículos de los códigos Civil y Penal locales presentada por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, según la cual las mujeres deben pedir permiso a sus esposos para esterilizarse, es una vergüenza, señaló Karla Grajeda, activista del Centro de Diversidad y Derechos Sexuales de esa entidad.

Consideró que esta es otra embestida del gobierno local contra los derechos reproductivos de las mujeres y lamentó que la gente que está en el Congreso por elección popular gasté recursos y tiempo y sólo se movilice para esas legislaciones que nos excluyen y nos señalan.

La organización, con 16 años en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, seguirá realizando protestas y cabildeos, pues cada semana tenemos que movilizar recursos y unir fuerzas para responder a las tonterías del gobierno, dijo a La Jornada.

Sandra Romero, de la agrupación Pan y Rosas, consideró que esas reformas sólo llevan al ámbito familiar la práctica histórica de esterilización forzada que se ha dado sobre todo en las comunidades indígenas. Es la legitimación de algo conservador y reaccionario que no debe existir, dijo.

Denunció que durante los sexenios panistas se ha consolidado una alianza entre la Iglesia y el Estado con implicaciones en todos los niveles, y ese tipo de iniciativas consolidan la hipocresía de los sectores clericales y hacen que sean ellos los que impongan a las mujeres lo que hay que hacer, cuando somos nosotras quienes sufrimos las carencias en los sistemas de salud y de información sexual.