Una vez superados problemas de agenda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza –acompañado de otros cinco ministros–, recibirá hoy a integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior, y aseguraron que los ministros acudirán con plena disposición de tratar todos los temas que les sean planteados, incluido el caso de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de militares.

El fallo de la CIDH plantea como punto central la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, que le ha permitido al Estado mexicano juzgar en el fuero castrense a los soldados que cometen delitos contra civiles.

Las diferencias que hubo entre la agenda de trabajo propuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de los ministros llevaron a que el pasado martes la SCJN resolviera recortar de hora y media a sólo unos 20 minutos el tiempo de la entrevista con el grupo de trabajo de la ONU en la cita, programada para el jueves 22.

Trascendió que funcionarios de ambas dependencias limaron asperezas y acordaron que la representación de Naciones Unidas sea recibida a las nueve de la mañana y que la plática dure alrededor de hora y media.

Para dar mayor realce al encuentro, Silva Meza acudirá acompañado de los presidentes de la primera y la segunda salas de la Corte, Arturo Zaldívar y Sergio Aguirre Anguiano, además de Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y Fernando Franco.

La presencia del grupo de trabajo en la Corte forma parte de las actividades que realiza en México desde el pasado día 18, y que culminarán el 31.

El propósito de la misión es entrevistarse con familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones no gubernamentales y con funcionarios del gobierno federal.

El objetivo de los encuentros es abordar, entre otros asuntos, la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre casos de desaparición forzada de personas.

Otro propósito es abordar más de 500 casos de desapariciones forzadas en México desde la llamada guerra sucia en contra de activistas sociales y grupos armados en la década de los años 70 del siglo pasado hasta desapariciones que organizaciones defensoras de los derechos humanos atribuyen al gobierno de Felipe Calderón.