El pasado 3 de marzo, la tensión bilateral acumulada explotó en una entrevista concedida por Felipe Calderón a The Washington Post, publicada horas antes de su encuentro con el presidente Barack Obama. En ella el mandatario mexicano tronó contra el embajador estadunidense Carlos Pascual: No me ayudes, compadre, dijo, y adelantó en público lo que acaso habría debido mantener en los canales institucionales idóneos: ante la pregunta de si aún le tenía confianza al diplomático reviró: Ese es un asunto que ta vez platicaré con el presidente Obama.

El mensaje era inequívoco: Calderón procuraría gestionar, al margen de los conductos legales a su disposición (artículos 9 de la Convención de Viena y 33 de la Constitución mexicana), la salida de Pascual de la legación de Washington. Asimismo, y a pesar de los esfuerzos de control de daños desplegados por la Casa Blanca desde principios de diciembre, Felipe Calderón reconoció que las revelaciones de los desencuentros bilaterales contenidos en el paquete México de Wikileaks habían causado un daño severo a sus vínculos con la administración del país vecino y que le habían alborotado el gabinete.

En la misma edición en la que daba tribuna al gobernante huésped, el rotativo estadunidense comentó que si Pascual llegaba a ser retirado por Washington, sería la más relevante baja estadunidense causada por los escándalos derivados de la difusión pública de los cables del Departamento de Estado.

Pero el visitante no tuvo margen para plantearle al anfitrión su disgusto con el embajador –el cual estuvo presente en la reunión realizada–, y un día después, tras la ronda habitual de buenos propósitos y elogios mutuos, el Departamento de Estado atajó las especulaciones: Le dijimos (a Calderón) que Pascual es nuestro embajador, y eso fue todo, espetó off the record un alto funcionario del gobierno estadunidense.

Hasta ese punto, Calderón había formulado, a cambio de nada, la promesa de gestionar medidas adicionales de protección para los agentes estadunidenses que actúan en México, e incluso insinuó la posibilidad de promover reformas legales a fin de que éstos pudieran portar armas en el territorio nacional; estaba muy reciente el homicidio de Jaime Zapata, agente de Inmigración y Aduanas, en la carretera que va de San Luis Potosí a Monterrey.

Mientras Calderón se desdecía ante la prensa de sus críticas regulares a Washington por la permisividad de las autoridades del país vecino ante el tráfico de armas a México, en los medios estallaba el escándalo de la operación Rápido y furioso, por medio de la cual la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) toleraba la internación de fusiles de asalto a territorio mexicano. El 9 de marzo, La Jornada desplegó en su primera plana apreciaciones formuladas por Pascual sobre el procurador Arturo Chávez quien, a decir del diplomático, carecía de altura para el cargo, estaba lastrado por un bagaje considerable en materia de derechos humanos y su designación resultaba políticamente inexplicable. El representante estadunidense destacó, en un informe confidencial redactado el 15 de septiembre de 2009, la posibilidad de que se hubiera decidido mantener la postulación de Chávez Chávez, pese a todo, por la lealtad de éste al partido gobernante.

Ese punto de vista se complementa con consideraciones emitidas en otro cable dedicado a evaluar el desempeño de Eduardo Medina Mora –antecesor del chihuahuense en el cargo–, en que se le ubica como actor clave en la definición de la Iniciativa Mérida. El documento dice también que Medina Mora a menudo tenía desacuerdos con Calderón porque no promovía la línea del PAN.

Mientras el poder político estadunidense proseguía su acoso en torno a Wikileaks y Julian Assange, se ensañaba contra el soldado Bradley Manning y despedía al principal vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, por criticar las condiciones carcelarias del recluso; en ese contexto este diario divulgó, el 15 de marzo, un paquete informativo que puso al descubierto el protagonismo de Carlos Pascual en la definición, planeación y aplicación de las medidas de seguridad puestas en práctica en Ciudad Juárez, particularmente en la decisión de retirar al Ejército de esa localidad y de remplazarlo por la Policía Federal (PF).

En los cables de Wikileaks que dan cuenta de ello, se deja sentir un espíritu de colaboración, y hasta de integración, entre las autoridades mexicanas y las estadunidenses. El cambio de estrategia, escribió Pascual, fue resultado de nuestra insistencia en que el meollo para una solución de largo plazo a la inseguridad es la profesionalización de la policía y de las instituciones judiciales. Jorge Tello Peón, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, era descrito como pieza central en este cambio.

Unos meses antes, Pascual había dado cuenta de los llamados de auxilio formulados al gobierno de Estados Unidos por un puñado de funcionarios mexicanos –el subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, entre otros– que percibían que a la administración calderonista se le agotaba el tiempo y se jugaba su reputación en la pacificación de Ciudad Juárez, Tijuana y Culiacán.

En un análisis previo particularmente ríspido, el ex cónsul estadunidense en Ciudad Juárez Raymond Mc Grath había diagnosticado que el despliegue militar ordenado por Calderón en la ciudad fronteriza fue de bombo y platillo y generó la percepción generalizada de que “el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos (...) Existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el de Sinaloa”.

El contenido de los cables correspondientes fue publicado por La Jornada el 16 de marzo, mismo día en que estalló el siguiente escándalo de la serie: el periódico The New York Times dio a conocer que Washington espiaba el territorio mexicano con aviones no tripulados.

El 17 de marzo fueron divulgados en estas páginas los puntos de vista transmitidos por la sede diplomática de Reforma 305 en torno al panorama de las telecomunicaciones y de las empresas monopólicas en México, del empeño calderonista por limitar la presencia de Telmex y sobre el poder fáctico que ejercen Televisa y Tv Azteca sobre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Un día después, el viernes 18, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, aunque desestimó el efecto de los cables divulgados por Wikileaks, fue vapuleada por casi todo el espectro político representado en el Senado de la República por el panorama de claudicación, intervención y doble discurso que esos documentos ponen de manifiesto. Para proteger a la funcionaria, algunos legisladores panistas no hallaron nada mejor que desviar el fuego hacia Carlos Pascual.

El sábado 19 por la tarde, el Departamento de Estado anunció, con pesar, la renuncia del embajador. Tras elogiar el desempeño del diplomático, Wa-shington informó que éste permanecería en México para organizar una transición ordenada. El hecho ha dado pie a numerosas especulaciones sobre las razones de la dimisión de uno de los hombres más poderosos en el país: ¿triunfó la animadversión personal de Felipe Calderón? ¿Es una maniobra política del Departamento de Estado para agregar una raya a los favores que le debe el Ejecutivo mexicano? ¿Afectó Pascual intereses que no figuran en los papeles que Wikileaks entregó a La Jornada? ¿Fue la difusión de esos documentos un factor preponderante en la renuncia del embajador?

Cada quien deberá aportar sus propias respuestas a estas interrogantes.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks