La visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel, así como a varios jefes de unidades especiales y directivos de diversas áreas de esa dependencia, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones, revelaron a La Jornada fuentes gubernamentales que tienen acceso a las pesquisas.

Se trata de una presunta red de corrupción encabezada por funcionarios del círculo cercano al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, quien en septiembre de 2009 asumió el cargo entre críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y senadores de oposición.

Entre los actos ilícitos por los que se investiga a los fiscales de la dependencia destaca la adquisición de propiedades con dinero del erario (peculado y enriquecimiento ilícito), recibir fuertes sumas a cambio de no ejercitar acción penal en averiguaciones previas abiertas contra servidores públicos federales (cohecho y extorsión), además de proporcionar información confidencial a despachos de abogados penalistas que litigan asuntos fiscales.

Peculado, cohecho, extorsión...

También se les investiga por haber realizado robo hormiga de toneladas de papel y de los dispositivos conocidos como no-breaks (respaldan las necesidades de energía eléctrica de las computadoras personales, conocidas como PC, cuando hay fallas en el suministro), y por el uso de vehículos oficiales para el servicio de sus familiares.

Además de Germán Rangel, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, las indagatorias incluyen a Mario Estuardo Bermúdez, director general de Control de Procesos Federales, área que depende de Francisco Molina Ruiz, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

Estuardo Bermúdez es investigado por supuesto uso indebido de atribuciones y facultades y otras conductas administrativas que afectaron al patrimonio de la PGR, indicaron los informantes.

Las fuentes ministeriales consultadas indicaron que también están sujetos a investigación Juan Carlos Rincón y Samuel Hernández de Alba, ex titulares de las unidades especializadas en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, respectivamente.

Ambos fueron dados de baja a principios de este mes por no haber acreditado los exámenes de control de confianza para ocupar esos puestos.

Consultados sobre estas pesquisas, funcionarios de comunicación social de la PGR aseguraron que la dependencia no está en condiciones de confirmar la existencia de las investigaciones por actos de corrupción contra esos funcionarios, pero sí que Rincón y Hernández de Alba fueron despedidos hace 15 días.

Funcionarios federales que han tenido acceso a algunas de las diligencias ministeriales, y que solicitaron el anonimato, indicaron a este diario que en la Visitaduría General, a cargo de César Alejandro Chávez Flores, la indagatoria contra los servidores públicos de la PGR se inició de oficio, luego de que se presentó una denuncia anónima.

Agregaron que la propia subprocuraduría a cargo de Germán Rangel también abrió un acta circunstanciada para indagar posibles actos ilícitos cometidos por funcionarios de esa misma instancia. Uno de los casos que se consideran más graves es el que implica al ex fiscal Samuel Hernández de Alba, quien tenía a su cargo el desahogo de todas las averiguaciones previas abiertas contra los funcionarios públicos federales acusados de algún delito.

Tenemos como prueba de cargo una llamada telefónica efectuada por esta persona (Hernández de Alba), en la que se le escucha decir que cobra 100 mil dólares por arreglar los problemas de los servidores públicos, reveló una de las fuentes.

Otros funcionarios sujetos a investigación son Francisco Trejo Antonio, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Pedro Tagnar Ramírez Zavala, subdirector de la coordinación administrativa de la Dirección General de Control de Procesos Federales, y Héctor Mata Morales, ex director de administración de vehículos oficiales, quien la semana pasada dejó el cargo.

La Jornada llamó ayer a estas personas, pero ninguna aceptó la comunicación y sus secretarias únicamente indicaron que sus jefes estaban fuera de la oficina.