El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que encabeza Ariel Dulitzky, se reunió con senadores de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, a quienes planteó la necesidad de una ley específica en la materia y expresó su preocupación por el proyecto de reforma sobre fuero militar, ya que lo considera incompleto.

Fue un encuentro privado, de más de dos horas, en el cual la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, advirtió que el número de desapariciones forzadas se ha incrementado de forma escandalosa durante el gobierno de Felipe Calderón, ya que, aunque familiares de las víctimas temen presentar denuncias, se habla de 3 mil nuevos casos.

La cifra puede quedar corta si se toma en cuenta que la Procuraduría de Justicia de Morelos reconoció hace días que en esa pequeña entidad hay mil 200 desaparecidos, agregó.

La cifra salta, dijo, ya que la propia e inocua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado reconoció que el número de víctimas de desaparición forzada alcanza 788 en 19 años.

En los años setenta, añadió, los desaparecidos eran activistas políticos, pero en la actualidad afecta a ciudadanos sin militancia ideológica o política, muchos de ellos fallecidos durante la guerra de Calderón en contra del crimen organizado. “Estamos hablando de la peor pesadilla de este gobierno, de más de 35 mil ejecutados”, insistió.

El panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que de 35 mil muertos en lo que va del sexenio, 2 mil 100 eran soldados, marinos, policías federales y estatales, así como civiles, quienes fallecieron durante operativos contra el narcotráfico y la criminalidad.

Otros 2 mil 900, abundó, son delincuentes abatidos por las fuerzas públicas, y unos 30 mil muertos por enfrentamientos y ajustes de cuentas entre los cárteles de la droga y otras bandas criminales.

Durante la reunión, los representantes de la ONU plantearon la necesidad de que haya una ley federal en materia de desaparición forzada. El priísta Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que ese delito está ya tipificado en el Código Penal Federal.

Lo que se requiere, apuntó, es una ley general de desaparición forzada , similar a la del secuestro.

Los relatores de la ONU expresaron también que les parece insuficiente la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, que envió Calderón al Senado, ya que sólo hay tres tipos de delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra civiles –desaparición forzada, tortura y violación– por los que se puede juzgar a elementos castrenses en tribunales del fuero común.

Es necesario, señalaron, que los integrantes de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil en todos los casos en que violen derechos humanos.

La senadora Ibarra expresó que esa iniciativa presidencial deja fuera los homicidios y los llamados daños colaterales de civiles muertos por no detenerse en un retén militar, y de jóvenes inocentes ultimados en operativos del Ejército y la Marina.

Denunció que establecer 35 años para la prescripción de la desaparición forzada es mantener en la impunidad a los responsables de la detención y retención ilegal de su hijo Jesús Piedra Ibarra, quienes actuaron en el lapso en que más se cometió ese delito de lesa humanidad.