Se extiende el rechazo a la reforma laboral propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre sindicatos y organizaciones derechos humanos, que enviaron ayer peticiones a las coordinaciones de todos los partidos en la Cámara de Diputados para que el proyecto no sea votado; incluso la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se deslindó del discurso corporativo y señaló que antes de plantear una nueva reforma, primero se debe cumplir la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En tanto, los sindicatos que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) iniciarán movilizaciones a partir de hoy contra esta iniciativa, con un mitin en la Cámara de Diputados, y anunciaron que su protesta también la llevarán el próximo 29 de marzo a la Cámara de Senadores, además difundieron un extenso informe sobre las innumerables inconsistencias de la reforma laboral que planteó el PRI, las cuales prácticamente desdibujan la LTF.

La Familia Pasta de Conchos, Pastoral Laboral Nacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) enviaron ayer cartas a los coordinadores parlamentarios de los partidos, en las que denuncian que el proyecto del tricolor viola derechos humanos de los trabajadores, desconoce los acuerdos que México ha firmado ante varios organismos internacionales y viola el artículo 123 de la Constitución.

Estas organizaciones, entre las que también se encuentra el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, apuntaron que desconcierta e indigna cómo cambió la propuesta del PRI en sólo tres meses y dio paso a las reformas que el Consejo Coordinador Empresarial ha pretendido imponer durante décadas, y sostuvieron que ninguno de los cetemistas ya fallecidos votaría una iniciativa que deja en la indefensión a los trabajadores y da la espalda a la lucha histórica de los obreros.

A su vez, el líder de la FSTSE, Joel Ayala, dijo que antes de plantear una reforma laboral, primero se debería cumplir cabalmente con la LFT y con lo dictado en el artículo 123 constitucional. Es decir, antes que nada se debe contar con un salario que, como manda la Constitución, cubra las necesidades primarias de las familias obreras para solventar los gastos básicos de alimentación, vivienda, vestido y pago de servicios, y luego se verá lo de una modificación a la LFT, apuntó.

Por su parte, el secretario de trabajo y fomento al empleo del gobierno capitalino, Benito Mirón Lince, acompañado por dirigentes sindicales como Benito Bahena, de la Alianza de Tranviarios, encabezó una caminata por la dignidad laboral de sus oficinas, ubicadas en Izazaga, a la Cámara de Diputados, para manifestarse en contra de la reforma y entregar una carta a los legisladores. En el mitin, el funcionario planteó que esta reforma aumentará la precarización del trabajo, la informalidad y el subempleo, al legalizarse la subcontratación, y crecerán los despidos, dejándose en el olvido las conquistas históricas de los trabajadores.

El análisis sobre las inconsistencias de la iniciativa priísta, que dio a conocer ayer la UNT y que fue elaborado por el abogado Héctor Barba, asesor legal de múltiples organizaciones obreras, expone que la iniciativa priísta mutila lo referente a la democracia sindical, pues elude los temas de voto directo y secreto en las elecciones sindicales; retira su propuesta de una jornada laboral de 40 horas a la semana; adiciona causales de rescisión de despido; apunta que el salario mínimo se deberá incrementar conforme el índice nacional de precios, pero no obliga a que éstos sean superiores o se resarza su deterioro e introduce la obligación de que los representantes de los trabajadores sean abogados, entre otros.

Con información de Fernando Camacho Servín