Acorde con las proyecciones establecidas por el documento Agenda del Agua 2030, para ese año el incremento sustancial de la demanda del líquido por el crecimiento poblacional e industrial implicará que el déficit del suministro alcance 23 mil millones de metros cúbicos, cifra que, con la incorporación de la variable del cambio climático, podría elevarse a 36 mil millones de metros cúbicos.

En las proyecciones se subraya que las acciones que se deberán instrumentar en este periodo, a fin de reducir la brecha oferta-demanda, implicarían una inversión de 306 mil millones de pesos, en el primer escenario, y 246 mil millones de pesos adicionales si se considera el impacto del cambio climático, tan sólo para garantizar el abasto.

Sin embargo, el documento señala que la inversión requerida para enfrentar la problemática compleja del agua –disminución de riesgos de inundaciones, acciones para alcantarillado pluvial, reducción la contaminación de ríos y acuíferos, operación y mantenimiento del sistema del agua– implicará canalizar un billón de pesos en los próximos 20 años, lo que supondría una inversión anual de 51 mil millones de pesos.

El diagnóstico actual, presentado en el documento elaborado por Conagua, destaca que en la coyuntura actual la disponibilidad natural media per cápita de agua se ha reducido de 18 mil metros cúbicos por habitante en 1950 a 4 mil 422 metros cúbicos en 2010, considerándose esta cifra como de disponibilidad baja.

Paralelamente subraya que el país presenta desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda, pues 77 por ciento de la población nacional se concentra en las regiones donde se cuenta con 31 por ciento de la disponibilidad natural media. En este contexto, se menciona que de los 653 acuíferos, 101 presentan condiciones de sobrexplotación.               

Los estados con mayores retos en el suministro de los servicios de agua potable y el alcantarillado son Baja California, Chiapas, estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.

El documento advierte que en la actualidad sólo hay un tratamiento de aguas residuales equivalente a 43 por ciento del total de líquido colectado, aunque en esta administración se proyecta su crecimiento hasta 60 por ciento. Sin embargo, reconoce la insuficiencia de la capacidad instalada para el tratamiento de agua o el tratamiento ineficiente de este tipo, lo que supone canalizar recursos para eficientar e incrementar el tratamiento del agua.

En el documento se menciona que para alcanzar uno de los objetivos centrales de esta estrategia se debe garantizar la limpieza de los ríos, incrementar los niveles y la calidad de tratamiento del agua.

Para lograr ríos limpios será necesario que las plantas de tratamiento existentes y las que se construyan en un futuro operen de manera eficiente para garantizar que sus efluentes cumplan con las normas respectivas, así como conectar las redes de alcantarillado a las plantas, construir nueva infraestructura municipal e industrial y fomentar el reuso del agua residual tratada.

Otro de los rubros abordados en la agenda 2030 es el relacionado con los desastres naturales, asociados a una mayor intensidad y cantidad de inundaciones, cuyo impacto es creciente en tanto que se relaciona con el cambio climático. Entre 1980 y 2007 se estima que por huracanes e inundaciones se afectó a más de 8 millones de personas y su efecto económico produjo 130 mil millones de pesos en pérdidas.

El mayor impacto histórico y la propensión futura a inundaciones se concentra en 17 entidades que acumulan 62 por ciento de la población nacional, entre ellas se encuentran el estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Tabasco y Chiapas.