n mayo de año 2008, en un sembradío de vid, mujeres y hombres recorren los surcos cortando racimos de uvas, cuyo destino será la industria vitivinícola. La temperatura pasa 40 grados y el sol hace estragos en ellos. María Vázquez, de 17 años con dos meses de embarazo, se colapsa después de 9 horas de trabajo, sin acceso a agua ni a sombra para protegerse del sol. Muere dos días después. El capataz, Elías Armenta, nunca llama a los servicios de emergencia para que la joven reciba auxilio y dice al novio que mienta sobre lo sucedido. El gobernador Schwarzenegger asiste al funeral y promete remedio para que esos casos no se repitan. En los meses siguientes, cinco trabajadores agrícolas más fallecen en condiciones semejantes. Después de una marcha de protesta, encabezada por el sindicato de trabajadores agrícolas, que culmina en la capital del estado, el departamento de trabajo de California revoca el permiso a la empresa Merced Farm Labor Contractors (MFLC), en la que María trabajaba, cuya dueña es la señora Ángeles Colunga. Un mes después se otorga un permiso provisional para que la MFLC continúe sus actividades. La UFW demanda acción penal contra el departamento de trabajo por no aplicar y vigilar el cumplimiento de sus regulaciones. Después de años de operar en condiciones similares, MFLC es multada por violar las normas de seguridad y cesa sus actividades. A principios de marzo, una corte del estado libera a los capataces responsables de la muerte de María, después de que acceden a declararse culpables, pagar una multa y cumplir con trabajo comunitario. Los familiares de María no fueron informados de dicho arreglo. Hasta ahí una síntesis de los hechos, que aparecen en la página electrónica de la UFW.

Estos sucesos ocurrieron en pleno siglo XXI en el estado de California, no en el Congo o en el Putumayo peruano, en las postrimerías del siglo XIX, donde capataces, gerentes y dueños de plantaciones de caucho sometían a los indígenas a tormentos indecibles para recoger el caucho, según se desprende de la más reciente novela de Mario Vargas Llosa. Guardadas las proporciones, la ficción se torna realidad cuando se documenta que dueños y capataces de las empresas contratistas de mano de obra agrícola son de origen mexicano y abusan y violan los derechos laborales de los trabajadores en los campos agrícolas, cuyo desenlace es fatal, como en el caso de María. Las grandes empresas vitivinícolas acuden a ella no sólo porque conoce mejor la idiosincrasia de los trabajadores mexicanos, sino porque saben que es capaz de imponerles condiciones leoninas de trabajo sin ser acusadas las vitivinícolas de discriminación o malos tratos.

El asunto de la explotación en el campo fue una de las causas que motivaron a César Chávez a crear el Sindicato de Trabajadores Agrícolas hace medio siglo. Por lo visto aún queda mucho por hacer.