El proyecto de la Ley Federal de Archivos, aprobada en la semana que concluye por el Senado de la República, “es un grave retroceso en el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, pero sobre todo significa una violación al equilibrio de poderes que marca la Constitución.

No es una ley sana, sino enferma y anticonstitucional; concede amplio poder documentario al Ejecutivo federal y, en la práctica, México se quedará sin memoria, porque los lineamientos del proyecto están enfocados a la depuración (eliminación) de documentos y a la cerrazón de información, dijo María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros Sin Fronteras, Sección México.

Esta ley, avalada para su expedición en el Senado de la República y turnada para su revisión a la Cámara de Diputados, otorga facultades sin precedente al Archivo General de la Nación (AGN), a través el Consejo Nacional de Archivos, con base en lo cual pisotea el pacto federal y se entromete en todos los sistemas documentales del país.

Graves consecuencias

Estos cambios ocurren en un momento en el que el AGN fue reprobado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al demostrar la existencia de prácticas irregulares vinculadas a corrupción y negligencia en el manejo presupuestal.

Como especialista por más de tres décadas en archivos judiciales, estatales, municipales y notariales, entre otros, Dorantes alertó de las graves consecuencias que traerá al país la puesta en vigor del texto que el martes pasado avalaron 84 senadores.

Con la Ley Federal de Archivos, el AGN asumirá la rectoría en la materia y podrá establecer lineamientos y políticas generales para la organización, conservación y administración de los archivos (de trámite, concentración e históricos); le concede además el nivel de entidad central en el manejo de todos los archivos del país y plena autonomía de gestión y personalidad jurídica.

Esta norma incluye un Sistema y Registro Nacional de Archivos que articulará y coordinará todos los documentos públicos e incluso los privados. Con la inclusión de un consejo nacional, tendrán injerencia en el acceso a la información y al registro y difusión del patrimonio de la memoria documental del país.

Con base en la nueva ley, el titular del AGN contará con amplias facultades para definir políticas lo mismo en un archivo municipal que en los más importantes documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial en su conjunto; desconoce a la Judicatura Federal y al tribunal electoral federal y pisotea las cámaras. De igual forma, operará como un órgano con plena autonomía y su titular será designado por el Presidente de la República.

Es decir, el AGN será convertido en un poder absoluto por encima de las facultades del Judicial e incluso del Legislativo, indicó Dorantes.

Además, los cambios impactarán en normas de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, en un contexto en el que no se ha podido brindar un acceso expedito a la información debido a la mala clasificación de los archivos, de tal forma que la nueva ley acarreará más problemas en la Ley de Transparencia, cuya aplicación es carísima porque en el país los archivos no están organizados; de ahí que no se aplican medidas para abatir estos rezagos y, en cambio, los senadores avalan un proyecto que no leyeron y que enfermará irremediablemente toda la memoria documental del país.

Por ejemplo, precisó la especialista, amplía de 30 a 70 años la fecha precautoria, lo cual implica cerrar el acceso a los archivos y volver al centralismo del siglo XIX. La memoria del Estado mexicano está en riesgo.

El AGN enfrenta diagnósticos adversos, proyectos truncados, denuncias públicas acerca de manejos irregulares y, en opinión de la entrevistada, ha diezmado su credibilidad al firmar convenios con representantes que no acreditan su personalidad; también han entregado información a entes extranjeros. Suma además demandas laborales por despidos en perjuicio de un grupo de servidores públicos que eran responsables de áreas sustanciales en la operación del Archivo General de la Nación.

En el caso más reciente, la ASF detectó irregularidades por más de 50 millones de pesos, esto es, la cuarta parte del presupuesto destinado a remodelación y ampliación del inmueble, luego de que se canceló el proyecto para construir una nueva sede para el acervo. La administración, a cargo de Aurora Gómez Galvarriato Ferrer, entregó por adjudicación directa contratos de construcción a Fonatur, encabezado en 2009 por el hermano de quien era el titular en ese momento de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Ha habido también denuncias públicas que hacen referencia a prácticas ilegales en el manejo del archivo, que van desde programas de cómputo inadecuados hasta acusaciones de materiales sustraídos o subastados.

Las irregularidades, precisó Dorantes, no sólo se refieren a estudios acerca de que, por ejemplo, el Acta de Independencia de México fue robada, sino del manejo del acervo sin atender a criterios científicos.

El AGN ha sido un bastión de los amigos de quienes están en el poder. Archivar no es acomodar documentos por tamaños, sino dar orden a la estructura del Estado. El Archivo General de la Nación está en crisis y la situación se agrava porque tiene una dirección que entiende la planeación estratégica, para el resguardo del acervo, como una obra de jardinería y decoración, señaló.

De acuerdo con el análisis de la especialista, miembro del Consejo Internacional de Archivos y, además, diplomatista, sigilógrafa y restauradora, si los diputados no paran la expedición de la la ley habrá un daño general a los documentos del Estado.