La falta de dientes para que las resoluciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sean tomadas como algo obligatorio y el desconocimiento de la sociedad sobre su quehacer, pues suele confundírsele con protección civil, son problemas que enfrenta este organismo, advierte el procurador ambiental Hernando Guerrero Cázares.

En entrevista con La Jornada, explica que ante el reciente debate sobre la operación de la planta regasificadora Costa Azul, filial de Sempra, en Ensenada, en cuanto ocupó el cargo de procurador ordenó una inspección a las instalaciones y no se encontraron irregularidades. Dice que no es una empresa modelo; sin embargo, con una inversión tan grande no descuida sus procedimientos, las trasnacionales cuidan mucho eso.

Al frente de la Profepa desde febrero, antes de su nombramiento fue coordinador de asesores de Juan Elvira, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y cuenta con una trayectoria de tres décadas en el sector ambiental. 

–¿Cómo evalúa la aplicación de la legislación ambiental?

–Si la comparamos con el inicio de la gestión, cuando se contaban los inspectores con los dedos, ocho o nueve a nivel central, y no había ningún mecanismo para dar seguimiento a la ley. Si hablamos de aplicar la legislación, una vez que México entra al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cambio es dramático.

Sin negar que hay problemas fuertes, tenemos gran capacidad para, desde el punto de vista legal, atender los asuntos ambientales. Si nos vamos a la capacidad del personal aún tenemos deficiencias que tienen que ver con el número de personas y con hacer que las decisiones de la Profepa sean vinculantes. Tenemos que lograr que sea obligatorio el cumplimiento a la hora que la procuraduría determine una multa o cualquier otra acción.

–¿Qué le faltaría a la Profepa? Se cuestiona que su capacidad es limitada; Minera San Xavier, en San Luis Potosí, sigue operando por resoluciones judiciales. 

–En casos como ése dependemos de un proceso judicial que va más allá de la determinación de la Profepa. Nosotros actuamos, se hizo la inspección, se determinó la clausura, y vino un amparo que el sistema judicial aceptó y tenemos que acatar. Nos hacen falta más dientes como institución para que nuestras decisiones sean obligatorias y no se nos siga viendo como un gran abanico que debe resolver todo. Si hay una explosión o una inundación, Profepa tiene que ir a ver, pero no somos protección civil. Se nos confunde en dictámenes que tienen que ver con otras dependencias del gobierno federal (...) La falta de conocimiento del quehacer de la Profepa es uno de los problemas que enfrentamos. 

–Si la Semarnat autoriza una manifestación de impacto ambiental con fallas, como el caso de Minera San Xavier en un área natural protegida estatal, o en Sempra, donde habría irregularidades en la venta de terrenos, ¿la Profepa queda acotada para lograr su objetivo, que es la conservación ambiental? 

–Como Profepa tenemos la capacidad de recibir denuncias ciudadanas contra una determinación inadecuada de la Semarnat y podemos seguirlas. Minera San Xavier no opera en zona de reserva, sino en una con un ordenamiento ecológico un poco extraño, ya que no deja claro qué se permite. El problema de fondo es el ordenamiento ecológico o el municipal territorial. Bastaría decir que se permite la actividad minera para que el permiso fuera legal, o que no se permite para que fuera ilegal. Es el tipo de razones por las que los jueces dieron el amparo y permitieron que siguiera operando y que siga en el limbo.

En el caso de Sempra, explicó, tuve en mis manos los documentos que demuestran que es propietaria de todo el terreno. Se le sugirió que se comprara, para aumentar el espacio de salvaguarda, pero no era requisito. Al mismo tiempo, hay un problema al sur con invasiones en el terreno del que Sempra es propietaria; en la parte de los terrenos no veo problema.

“Cuando llegué aquí ordené una inspección para analizar a fondo, no con historias, la situación de Sempra. No encontramos irregularidades ni nada desde el punto de vista normativo, legal, que se hubiera violado. La empresa tiene todo en orden.

Hubo tres áreas de inspección: impacto ambiental, emisiones a la atmósfera y residuos peligrosos. Me reportaron fallas administrativas menores. Estamos en el cierre de actas, no encontramos nada grave. La empresa presentó toda la información que se le pidió.

–¿Es una empresa modelo? 

–No existe la empresa modelo, porque no tendría ninguna falla. Sí es una empresa con inversiones tan importantes que no puede ponerlas en riesgo descuidando procedimientos. Las trasnacionales cuidan mucho eso. Esto es lo que me reporta la inspección.  

–Usted viene de la Semarnat, que otorga las autorizaciones ambientales. De alguna manera era parte y ahora está aquí. ¿Cómo equilibra el hecho de pasar a vigilar lo que quizá en algún momento influyó en autorizar? 

–Vengo de la coordinación de asesores. Nunca autoricé un permiso y no tengo problema en supervisar lo que tenga que supervisar.  

–El secretario comentó alguna vez que había presiones de gobernadores y empresarios, para que se autorizaran proyectos. 

–Sin duda los hay, y el gran punto es hasta dónde admites esa presión o haces tu trabajo. No tengo compromiso con nadie, no estoy vinculado con ningún tipo de poder, con ningún grupo empresarial. Vengo con un trabajo ambiental de toda mi vida y ahora no voy a comprometer esa situación.