El presidente Felipe Calderón y el Congreso se confrontan nuevamente por la decisión del jefe del Ejecutivo federal de regresar a la Cámara de Senadores, con observaciones, la reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde se establece que no podrá disminuirse el presupuesto de programas sociales del campo. Calderón sostiene que la reforma viola la Constitución y cita valoraciones que consideran que los programas sociales en realidad benefician a los más ricos del campo.

Priístas, perredistas y petistas consideraron que se trata de un veto parcial de Calderón. El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, explicó que las observaciones del Ejecutivo se resuelven con el voto de dos terceras partes del Legislativo.

La decisión de Calderón muestra el profundo desprecio del gobierno federal panista por el campo y los campesinos, afirmó el coordinador del PT, Ricardo Monreal, y recordó que la bancada panista votó contra esa reforma, que tiene como propósito garantizar que no se reduzca el presupuesto que cada año se destina para apoyar a los campesinos. Seguramente lo harán también ahora, dijo.

No me gusta el veto del Presidente en ningún caso y menos cuando argumenta que el Congreso pudo haber aprobado algo inconstitucional, porque en los hechos es una descalificación al trabajo del Legislativo, dijo a su vez el coordinador perredista, Carlos Navarrete.

El oficio con el que Calderón regresó al Congreso la reforma que lo obliga a incrementar cada año los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, fue turnado ayer a comisiones por el pleno senatorial.

En el documento, Calderón sostiene que la reforma –aprobada el 3 de marzo pasado– vulnera las disposiciones constitucionales acerca de los procesos de planeación, programación y presupuesto, ya que el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados tendrían acotadas sus facultades.

Agrega que si bien el desarrollo rural ha sido una de las más altas prioridades para el gobierno federal, existen otros rubros que han requerido especial atención y recursos, como educación, salud, combate a la pobreza, desarrollo económico, seguridad pública, protección civil e impartición de justicia.

Aclara que en realidad el presupuesto para los programas del campo se ha incrementado todos los años en este sexenio, excepto para 2011, ya que la Cámara de Diputados aprobó una reducción mínima respecto de 2010.

Destaca que la reforma va en contra del principio constitucional de presupuesto basado en resultados, dado que aunque algunos programas pudieran resultar ineficientes o regresivos, la ley estaría mandatando incrementar inercialmente el presupuesto.

Resalta que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, los subsidios agrícolas y los programas rurales, como el Procampo o el de Problemas Estructurales, son regresivos. Es decir, que no sólo no benefician a la población más pobre, sino que fundamentalmente están dirigidos a la población más rica.

Otro argumento de Calderón es que el impacto de destinar un presupuesto no inferior al del año pasado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural ascendería a 24 mil 364 millones de pesos para 2011.

No se advierte, en el dictamen aprobado por el Senado, consideración alguna relacionada con el impacto presupuestario. El Ejecutivo agrega que en la Cámara de Diputados tampoco hubo un análisis técnico de ese impacto.

El panista Rubén Camarillo adelantó que su bancada votará en igual sentido que Calderón.