El senador del PRD Pablo Gómez presentó ayer una iniciativa para crear la ley general de propaganda gubernamental, a fin de sancionar la promoción personalizada del presidente de la República, de los gobernadores y demás servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de organismos descentralizados.

La legislación busca evitar el desvío de recursos públicos, así como garantizar la equidad en la contienda electoral y en la distribución de la publicidad política entre los medios de información.

La ley propuesta es reglamentaria de los artículos 6 y 134 constitucionales y va también encaminada a eliminar la fuerte discrecionalidad del Ejecutivo en la distribución de los tiempos fiscales en radio y televisión, y de la publicidad gubernamental en medios impresos y electrónicos.

En tribuna, el senador Gómez Álvarez advirtió que se trata de uno de los pendientes de la reforma electoral de 2007, que el Congreso no ha resuelto. Es urgente por lo menos aterrizar la modificación al artículo 134, prohibiendo la compra de gacetillas con dinero público. Son noticias dadas, pero pagadas.

Es urgente también, insistió, que la Federación tenga por lo menos un programa de propaganda gubernamental que el Ejecutivo presente anualmente, porque Felipe Calderón triplicó el gasto en ese rubro y no sabemos para qué.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se explica que a fin de procurar la transparencia y control del gasto en publicidad, se crea el Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y de sus similares en los otros poderes de la Unión y el Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación.

Se fijan reglas específicas, entre ellas que se limita el gasto anual en propaganda gubernamental en 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El perredista propone cuatro reglas para contratar publicidad gubernamental: no hacerlo con una sola empresa o medio, cuando se trate de anuncios cuyo costo total sea mayor a 25 por ciento del presupuesto; no contratar más de 50 por ciento del total de propaganda únicamente con televisión, con radio o con prensa o con radio.

Asimismo, no establecer criterios de contratación de propaganda relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios, y no contratar la difusión de noticias, los llamados infomerciales ni pagar la difusión de actos oficiales de cualquier tipo. Se prevén sanciones administrativas y judiciales para quien viole la norma.

Gómez Alvarez recalcó que aunque lo define la Constitución en su artículo 134, no es posible callar a todos los parlanchines que usan recursos públicos para promover su persona.

Se trata de una situación absurda, insistió, pero el Congreso sigue sin aprobar la ley reglamentaria.

Equidad en la contienda del año próximo

Por otra parte, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, celebró la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en favor del marco legal que rige los comicios– porque, dijo, contribuye a la equidad en la contienda del año próximo.

Expresó su confianza en que con el fallo del máximo tribunal del país se ponga fin a las presiones hacia quienes buscan fortalecer el modelo de comunicación política y, en cambio,  se dé paso a una etapa de pleno acatamiento por todos los actores involucrados.

El lunes pasado el máximo tribunal del país desechó un amparo contra la reforma electoral 2007-2008, la cual –entre otros aspectos– prohíbe a partidos y a particulares la compra de espacios para difundir mensajes electorales y coloca al IFE como administrador único de los tiempos a los que tienen derecho los partidos políticos en radio y televisión.

Dijo que “hoy estamos en un momento decisivo para perfeccionar el marco jurídico que sustentará la organización de las próximas elecciones presidenciales y legislativas.

Todavía hay tiempo para concretar una reforma que favorezca el modelo electoral que se diseñó en 2007-2008.

La resolución de la Corte –agregó Valdés– es trascendental porque confirma el modelo de comunicación política que cumple con los objetivos que se propusieron los legisladores: abonar a la equidad en las contiendas e impedir que el dinero sea un factor que incida en la disputa por el poder público. Sobre todo, reconoce que tales disposiciones no afectan la libertad de expresión.

En el proceso electoral federal 2011-2012, el IFE cumplirá, no tengan duda, con su mandato constitucional de imparcialidad y su escrupuloso apego a la ley. Confiamos en que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial harán lo que les corresponde para que la próxima elección federal sea ejemplar, dé certeza y además favorezca la gobernabilidad democrática del país, señaló.

Valdés comentó lo anterior al término de la presentación del libro Francisco Madero: la sucesión presidencial en 1910, a cargo del IFE, la Cámara de Diputados y el Grupo Editorial Porrúa.

Mencionó que partidos políticos, candidatos y medios de comunicación juegan un rol central para que las contiendas sean equitativas, de alto nivel y propicien el involucramiento de los ciudadanos.