La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga la presunta corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó citar a los directores de la paraestatal en el sexenio de Vicente Fox y al legislador panista César Nava Vázquez, ex abogado de la empresa, para que expliquen por qué otorgaron a trasnacionales contratos de servicios múltiples con los que cedieron la explotación y exploración de pozos.

Ante el rechazo del PAN, que reclamó la comparecencia de ex directores de Pemex en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, la comisión acordó convocar a Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como solicitar a Pemex Producción y Exploración (PEP) los expedientes de licitación de 2003, cuando se dividió la cuenca de Burgos y se entregó a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Lewis Energy Group, Teikoku Oil Co y Techint.

La comparecencia de ambos, indica el programa, se debe a que presuntamente operaron para que Pemex suscribiera contratos como si se tratara de una compañía privada.

También se solicitará a PEP el expediente del contrato de servicios 410212834, etiquetado como PEP-SOP-034/2002, en favor de Price Watherhouse, que diseñó el modelo de contratos para dividir en siete bloques los 6 mil kilómetros cuadrados de la cuenca de Burgos.

Se pedirpa a la petrolera el oficio OAG/0960/2002, del 20 de diciembre de 2002, que como abogado general de Pemex firmó César Nava para avalar dicho modelo de contrato.

Durante la reunión de ayer se acordó además solicitar a la Auditoría Superior de la Federación los informes sobre las cuentas públicas de 2003 y 2006 relacionados con los procesos de licitación de los contratos de servicios múltiples.

Se solicitarán los contratos otorgados hasta por 100 mil dólares al despacho Wynn & Maney LLP, para llevar el juicio en Estados Unidos de la empresa Arriba Limited contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República (STPRM), con el que había constituido una sociedad en 1993 en Bahamas para la comercialización de residuos contaminados de hidrocarburos.

El litigio de Arriba Limited se inició en 1994, cuando demandó el incumplimiento de contrato al sindicato, que se había comprometido a entregarle 6 mil barriles diarios de residuos.

Desde 1980, en el sexenio de José López Portillo, se cedió al STPRM la comercialización de dichos residuos, y la demanda de Arriba Limited se presentó porque el gremio encontró mejores precios para los residuos en Europa, donde los vendió.

Más tarde, el diputado Jesús Ramírez Rangel (PAN) reprochó que la comisión especial no aceptara citar a priístas involucrados en la entrega de mil millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida Ochoa, caso conocido como Pemexgate (La Jornada, 19/1/02).

El panista propuso citar al propio Labastida y al ex director de Pemex Rogelio Montemayor.

También pidió requerir al ex director de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, quien el 21 de noviembre de 2000 dio por concluido el proceso de reconfiguración de la refinería de Cadereyta, aunque las empresas ganadoras de la licitación, Conproca-Sunkyong Engineering, Tribasa y Siemens, no concluyeron las obras.

Como publicó este diario en julio de 2002, Pemex pagó 2 mil 420 millones de dólares a esas empresas, el doble del contrato original, que ahora forman parte de la deuda de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto.

Ramírez Rangel dijo que también debían citarse a los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Luis Ricardo Aldana Prieto, contra quienes se presentaron solicitudes de desafuero –que frenó el PRI– por los recursos que recibieron de la dirección de Pemex.