El gobierno de México sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la intervención que ha tenido que hacer para contrarrestar los efectos de la delincuencia se apega a sus obligaciones en materia de derechos humanos y sus políticas de prevención y reconstrucción de tejido social se realizan bajo esa perspectiva.

La cancillería informó también que se llegó al acuerdo de solución amistosa en el caso de María Estela García Ramírez, por el asesinato de su esposo en el estado de Oaxaca, en 1997, a manos de un agente de la policía estatal.

México participó en cinco audiencias públicas y siete reuniones de trabajo sobre temas de derechos humanos.