Denunciar a la delincuencia organizada en México es prácticamente una sentencia de muerte, los delincuentes se han infiltrado de tal manera en las instituciones gubernamentales –federales y locales– que si un ciudadano denuncia lo puede estar haciendo frente a un capo, señalaron investigadores universitarios.

Enfatizaron que el Estado está completamente rebasado por el crimen organizado y no existe ninguna seguridad para quien de buena fe atiende la convocatoria de las autoridades federales para llamar y alertar sobre el paradero o las actividades de criminales.

Guillermo Garduño Valero, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, y especialista en narcotráfico y seguridad nacional, afirmó que el crimen organizado no sólo ha penetrado las instituciones de seguridad del Estado, sino que cuenta con mejor armamento, mayor movilidad y capacidad de inteligencia que le dan una enorme ventaja frente a estrategias fallidas del gobierno federal, como el incentivar la denuncia ciudadana en un entorno de absoluta inseguridad.

Alfonso León Pérez, experto en temas de seguridad por la UAM, apuntó que quienes delinquen lo hacen con todas las ventajas que otorga la colusión con autoridades federales y locales, al tiempo que disfrutan de los beneficios de la corrupción, que facilita su acceso a información clave para dar con los denunciantes.

Agregó que tras la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, asesinado junto con otras seis personas el pasado fin de semana en Cuernavaca, Morelos, tras realizar denuncias anónimas contra el crimen organizado, es evidente que se va a generar una enorme desconfianza y sospecha de los ciudadanos. No existe ninguna seguridad ni protección para quienes deciden acudir ante las autoridades competentes; no sabes ante quién denuncias. Autoridad y delincuente pueden ser parte del mismo equipo.

En tanto, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño, subrayó que para que las personas confíen en la denuncia ciudadana promovida por el gobierno federal, éste debe garantizar total seguridad. “El problema está en que cuando el Estado te dice: ‘denuncia’, y tú lo haces, no sabes si estás frente a un capo”.