La gran mayoría de los migrantes indocumentados que atraviesan la frontera sur de México nunca son informados de sus garantías básicas al momento de ser detenidos por las autoridades del país y pueden ser recluidos durante meses sin que se les notifique debidamente sobre su situación legal.

Así lo advirtieron activistas de organizaciones especializadas en el tema, quienes el pasado 28 de marzo participaron en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en la ciudad de Washington.

Allí, presentaron un resumen del informe En tierra de nadie. El laberinto de la impunidad: violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, el cual fue realizado luego de una investigación de seis meses en la región del Soconusco, Chiapas, con más de 400 entrevistas.

Entre las conclusiones del documento figura que a 93 por ciento de las personas detenidas en estaciones migratorias –alrededor de 70 mil– no se les informó sobre sus derechos, señaló Edoardo Bazzaco, de la asociación de litigio estratégico en derechos humanos I(dh)eas.

Asimismo, a 91 por ciento no se les notificó sobre la posibilidad de recibir asistencia legal, y a 88 por ciento nunca se le avisó que podían solicitar la condición de refugiado, todo lo cual vulnera gravemente su derecho al debido proceso.

Además, los migrantes que deciden interponer algún recurso de defensa para obtener su libertad, se ven expuestos a un periodo de detención indefinido, que suele exceder por mucho los 90 días reglamentarios, afirmó.

Fabián Sánchez, también integrante de I(dh)eas, destacó que la aprehensión de migrantes es un acto inconstitucional, e informó que el gobierno mexicano se comprometió con diversas organizaciones sociales a instalar una mesa de trabajo sobre el tema, cuya metodología e integrantes se definirán en un par de meses.

De su lado, Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), manifestó que todavía hay tiempo para incorporar muchos cambios necesarios en la iniciativa de ley sobre el tema que actualmente se debate en el Congreso, sobre todo en lo que se refiere a los migrantes como supuesta amenaza a la seguridad nacional.

La activista exigió frenar los operativos de detención de indocumentados, puesto que en ellos se generan situaciones de violencia, no cumplen ningún propósito real de la política migratoria mexicana, y ni siquiera siguen un protocolo definido.