Madrid, 1º de abril. La ilegalización de Sortu, la primera marca electoral de la izquierda abertzale que rechaza explícitamente la violencia de ETA, provocó honda división en la sala 61 del Tribunal Supremo, que hasta ahora había resuelto por unanimidad todos los procesos contra partidos políticos. En el caso de Sortu, que se resolvió el 23 de marzo, siete de los 16 magistrados firmaron un voto particular en el que sostienen que no hay prueba razonable alguna para proscribir a esta formación política, que a su juicio cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para concurrir a unas elecciones democráticas.

Una semana después de que se hizo público el fallo, el alto tribunal entregó a las partes implicadas las dos resoluciones: la aprobada por mayoría simple, en que se rechaza la inscripción de Sortu como partido político al considerar que es una organización tutelada por ETA, y el documento del voto particular, en el que un grupo de magistrados expone con crudeza todas las supuestas lagunas de la ilegalización y señala que los argumentos esgrimidos para apartar a Sortu de la legalidad se basan en un prolijo documento de ETA de hace más de un año y medio, el que además se analizó con citas parciales y conjeturas incompatibles con innumerables elementos probatorios que lo contradicen.

La ilegalización de Sortu ha suscitado profundo malestar en un sector de la sociedad vasca, que entiende que esta medida no responde a las exigencias que se había hecho a la izquierda abertzale, que consistía en que rechazara la violencia de ETA y apostara por vías exclusivamente políticas. Diversos partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales convocaron a una protesta para este sábado, en la que pretenden volver a expresar su rechazo a la ilegalización de las ideas.

Precisamente el jueves se dio a conocer un manifiesto firmado por destacados intelectuales y políticos de varios países en que se exigía al gobierno español, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitiera a la izquierda abertzale concurrir a los comicios municipales de mayo próximo. Entre los firmantes estaban Noam Chomsky, James Petras, Paco Ignacio Taibo II, Pablo González Casanova, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, entre otros.

Pero más allá de los argumentos políticos, los siete magistrados discrepantes del Tribunal Supremo advierten que para rechazar la inscripción a un partido debe existir una prueba razonable de que su rechazo a la violencia responde a una voluntad de fraude, además de que no puede sustituirse la certeza objetiva por la sospecha subjetiva.

Los siete jueces son Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Manuel Sieira, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Alarcón.

De hecho, los magistrados afirman que “no existe similitud sustancial entre Batasuna y Sortu porque sus estructuras, organización y funcionamiento no son similares, sus promotores tampoco coinciden ni hay una similitud sustancial respecto de la procedencia de los medios de financiación o materiales.

Sortu presentó una queja ante el Tribunal Supremo por la filtración del fallo y está a la espera de que su recurso sea analizado y resuelto por el Tribunal Constitucional.