l pasado jueves, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en días previos llevó a cabo una visita oficial a México, sugirió que los militares sean retirados en el corto plazo de las tareas de seguridad pública que les han sido impuestas en la presente administración. Los funcionarios sustentaron su recomendación en el hecho de que los efectivos castrenses no están facultados para desempeñar tales labores; de que su involucramiento en la estrategia de seguridad pública no ha disminuido los índices de violencia y criminalidad en el país –todo lo contrario– y de que su actuación se ha relacionado con la comisión de diversas violaciones a los derechos humanos.

Resulta incongruente, por decir lo menos, que dicha visita se haya realizado a invitación expresa del gobierno federal –en el contexto de una plena apertura y colaboración del gobierno de México con los mecanismos internacionales de derechos humanos, según se lee en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores fechado el 18 de marzo–, y que, sin embargo, las propias autoridades calderonistas rechacen la recomendación principal de los relatores y busquen minimizar su diagnóstico: ayer, la Secretaría de Gobernación dijo que el Ejército seguirá en las calles, y pidió más concreción en los datos presentados por los funcionarios del órgano multinacional.

Ciertamente, el resultado de la estancia del grupo especial de la ONU en México deberá derivar en un informe más completo que el dado a conocer en estos días –de carácter preliminar– y, en tanto no se plasmen en ese documento final cifras y criterios que den sustento a la recomendación comentada, ésta podría ser vista como vaga, imprecisa e incluso como una intromisión en asuntos internos del país. En todo caso, es oportuno recordar que desde hace años diversos sectores políticos, académicos y sociales han formulado la misma petición que ahora presenta el organismo multinacional, y que han advertido en reiteradas ocasiones que uno de los principales riesgos de distorsionar la misión constitucional de las fuerzas armadas es, precisamente, un incremento en las violaciones a los derechos humanos. Lo cierto es que la recomendación de la ONU es uno más de los sobrados elementos para concluir que, por desgracia, tales advertencias han resultado acertadas.

Por lo demás, el despliegue policiaco-militar con que el calderonismo ha pretendido combatir a la delincuencia organizada ha derivado, a su vez, en circunstancias cuando menos anómalas desde el punto de vista jurídico, y ello desvirtúa el supuesto compromiso de la actual administración con la legalidad. Ayer mismo, por ejemplo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío señaló que los retenes militares que han sido desplegados en distintos puntos del país plantean un problema de constitucionalidad, porque actúan bajo la idea de flagrancia, y a ello ha de sumarse la persistencia del fuero militar para delitos cometidos contra civiles, lo que convierte a las instituciones castrenses en juez y parte cuando se trata de sancionar abusos cometidos por sus integrantes contra la población.

En suma, más allá de los señalamientos del gobierno mexicano de que vamos a seguir apoyando a las fuerzas armadas y a seguir vigilando que se conduzcan con respeto a la ley y los derechos humanos, tal compromiso no ha sido hasta ahora cumplido y, en la medida en que los soldados sigan en las calles, no queda claro cómo podrá cumplirse. La circunstancia actual hace necesario que el gobierno emprenda un cambio de fondo en su fallida estrategia de seguridad y de combate a la delincuencia, y ello tendría que incluir la liberación de las fuerzas armadas de las tareas policiales que les han sido impuestas: de lo contrario, la institucionalidad castrense quedará expuesta al riesgo de una desarticulación y un descrédito mayúsculos.