a reforma laboral que propone el PRI violenta el derecho al trabajo, esencial para la realización de otros derechos humanos, e indispensable para que toda persona pueda vivir con dignidad, y atenta de manera grave en contra de los derechos humanos laborales.

Pone también de relieve que ante la incompetencia de nuestros gobernantes para generar desarrollo económico y empleos, la salida más sencilla, pero indigna, es transferir los costos de la crisis a las y los trabajadores.

Significa además un claro retroceso respecto de las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído por ser parte de diversos instrumentos internacionales en materia laboral y de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México incluso no ha ratificado todavía 65 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 54 de los cuales contienen estándares más altos que la Ley Federal del Trabajo vigente.

La propuesta de reforma laboral plantea, en efecto, una serie de medidas regresivas, contra las que ya se han pronunciado distintas redes de organizaciones de derechos humanos, como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Y esto debido a que permitirá el abaratamiento de la mano de obra; la precarización del empleo, por medio de la flexibilización de las contrataciones (empleos temporales, de prueba, por temporada y de capacitación), sin seguridad social; las subcontrataciones (outsourcing), que impiden el acceso a salarios justos y prestaciones; la facilitación del esquema de despidos; la limitación del pago de salarios caídos a un máximo de 12 meses, y la transformación de la figura de patrón en la de lugar de trabajo, con lo que no queda claro ante quién ejercerá el trabajador sus derechos individuales y colectivos, y ante quién se exigirá el reparto de utilidades. Todo lo anterior es contrario al concepto de trabajo decente, invocado en la exposición de motivos de la reforma, pero sin tener nada que ver con las modificaciones propuestas en el articulado.

Desarrollado por la OIT, el concepto anterior implica, en cambio: estabilidad y seguridad en el empleo, salarios dignos, jornada de trabajo limitada, acceso universal a sistemas de bienestar, protección y seguridad social, conciliación entre vida laboral y empleo (se toman en cuenta las nuevas dinámicas familiares, así como la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral), y libertades y derechos sindicales, entre otros aspectos.

Respecto de los derechos sindicales, la propuesta del PRI mantiene la práctica de la toma de nota, lo que es una clara intromisión del gobierno en la autonomía sindical, y no introduce ningún cambio en materia de democratización, transparencia y rendición de cuentas de estas agrupaciones de trabajadores. Se fortalece, además, su control corporativo (como lo señala en un pronunciamiento la Unión Nacional de Trabajadores), al plantear como requisito para demandar la titularidad de un contrato colectivo o ejercer el derecho de huelga la realización previa de una certificación del padrón de afiliados, exponiendo así a los promotores de sindicatos alternos a todo tipo de represalias.

Este requerimiento obstaculizará también cualquier movimiento de huelga legítimo, al dar a las autoridades un pretexto para declarar su inexistencia, e incidir en la vida interna de los sindicatos. Esto además, en los hechos, anula el posible avance que significaría el voto secreto en estos procedimientos.

Durante varias décadas los gobiernos del país han realizado medidas regresivas en contra de los derechos laborales, si no en las leyes, sí por vía de los hechos. El desempleo, el empleo informal, la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario y la pobreza son muestra de esto. A pesar de ello, la iniciativa presentada por el PRI contó también con el apoyo del PAN, al que pertenece el presidente del empleo, según prometía en su campaña de 2006. Cinco años después, el desempleo se mantiene e incrementa, afectando a toda la población. Y sólo por mencionar a este respecto un caso preocupante, pensemos en las y los jóvenes que se podrán contratar en condiciones precarias para reducir costos laborales, pues podrán sustituir a trabajadores con más edad y más antigüedad.

Estas medidas no incentivarán ni la productividad ni el desarrollo económico, mucho menos la superación de la pobreza y la disminución de la violencia. De acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados no llamó a discutir el dictamen de estas modificaciones a la ley en tiempo y forma, lo que indica cierta premura y anomalías. Tampoco se convocó a una discusión amplia con expertos ni representantes sindicales.

El secretario del Trabajo calificó también en días pasados de minoría de cobardes, brutales, egoístas y miopes a quienes se oponen a la reforma. Es necesario señalar que no somos una minoría, y si lo somos es precisamente porque el PRI y el PAN se han cuidado de que la población no conozca las verdaderas implicaciones de su reforma. La difusión que han hecho de ella se ha basado sólo en la exposición de motivos, que no tiene nada que ver con el articulado que se propone.

Dado el interés de muchos representantes del sector empresarial y económico en lograr que se apruebe, hemos de cuidar nosotros el no despertar en plena Pascua con la noticia de que ya fue aprobada, aprovechando los días de asueto de la Semana Santa.