oco antes de que Javier Lozano presentara su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT, marzo de 2010), seguida de la del PRI (marzo de 2011), el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, denunció el reiterado incumplimiento de los gobiernos de México a la ley y a los tratados internacionales que prohíben la contratación de menores de 14 años.

“El trabajo infantil –sostuvo– es un crimen que se comete porque dejamos que se cometa. Los diferentes gobiernos, incluyendo el actual, han hecho enormes promesas en cuanto a que se va a hacer cumplir la ley, y sin embargo eso continúa. Mientras, hay muchos niños que están muriendo en la agricultura y en minas.”

Por su parte, el ex relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, puntualizaba que el trabajo infantil está directamente relacionado con la pobreza, y que en México no se está haciendo nada para combatirlo de fondo.

Pero Lozano asegura que habrá cárcel de uno a cinco años para quienes contraten a menores de 14 años sin pagarles y pidió aplicar multas de 250 a 5 mil salarios mínimos.

Lozano estima que una reforma laboral debe incluir un capítulo de erradicación del trabajo infantil: tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar. No basta con una sanción administrativa, con exigirle que pague el salario remunerador que se le paga a cualquier otra persona. Hay que evitar que ese niño esté trabajando; regresarlo a las aulas, con sus padres, y meter a la cárcel a quien explote la mano de obra infantil.

México es el único país de América Latina que no ha ratificado el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fija en 15 años la edad mínima para laborar, y es uno de los tres –junto con Cuba y Venezuela– que no cuentan con un organismo intersecretarial para atender la problemática del empleo infantil. Aunque ya ratificó el Convenio 182 sobre la eliminación de trabajos peligrosos para los menores de edad, no ha delimitado la lista de dichos empleos, lo que hace inoperante la regulación.

Según la OIT, a diferencia de otros países, México carece de una coordinación intersectorial para atender el problema. Sólo existe un espacio liderado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde no participan el sector empleador, trabajador y organizaciones no gubernamentales. La SEP, el sector de política social, está ausente y sería clave que estuviera.

México explica así la falta de recursos: tenemos un mensaje muy claro: las políticas relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil no deben ser vistas como un gasto, sino como inversión social. Los programas de atención educativa de Sedeso y SEP atienden a menos de 5 por ciento de los niños jornaleros. Es una atención insuficiente. El problema no es el esfuerzo en términos económicos. Se están haciendo diferentes legislaciones de los estados. Ahí hay un montón de problemas con validaciones escolares, de matrículas, y eso es lo que amerita una gran coordinación entre los estados, y lamentablemente no se está dando. La STPS sólo tiene 341 inspectores para supervisar 30 mil centros de trabajo. Son pocos para afrontar las necesidades del mercado laboral. Pero el problema no sólo se soluciona con inspectores. Es necesario que haya coordinaciones entre diferentes instancias de gobierno, que permitan salvaguardar los derechos del niño de manera inmediata, como el DIF.

Aunque para Javier Lozano –a julio de 2010– la tasa de ocupación infantil había disminuido entre 2007 y 2009, según informó en Los Pinos ante Susana Sottoli, representante de Unicef en México, quien reconoció el esfuerzo del gobierno para generar estadísticas. Sin embargo puntualizó que a diferencia de todos los países de América Latina, México aún no suscribe el Convenio 138 de la OIT.

Y esa disminución no sólo se debe, aclaró Lozano, a la aplicación de políticas públicas (becas para promover la asistencia de los menores a las escuelas, así como ampliar y mejorar la cobertura), sino a que el universo de este sector de la población disminuyó en casi un millón en el mismo lapso.

En marzo de 2010, Lozano presentó una reforma a la LFT que amplía las facultades de la STPS para cesar de inmediato las labores de menores, eleva la multa a 5 mil salarios mínimos y tipifica la acción como delito.

No sorprende que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias repruebe esa reforma en el rubro de acceso al mercado laboral, porque difícilmente impactará en la creación de empleos. Para el centro, el desempleo radica en la economía del país y ampliar la modalidad de contratos que quiere Lozano podría facilitar los abusos en trabajos temporales.

Y eso no es todo. El centro también estima que la legislación no puede arrogarse por sí misma la responsabilidad de la generación de empleos. Suponerlo, enfatiza, constituye un error gubernamental. Al que habría que sumar otro: pensar que el propósito de una reforma laboral debe ser incrementar la productividad de los trabajadores.

¿Y qué propone la reforma del PRI?: la STPS en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollará programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil, salvo en los casos previstos en esta ley.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco