El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, señaló que las fuerzas armadas continuarán temporalmente en los operativos contra el narcotráfico, porque el apoyo de soldados, marinos y policías federales es muy importante para estados y municipios.

Todos deseamos que el Ejército regrese a sus funciones normales, pero eso sólo podrá ser hasta que contemos con instituciones policiales, en los gobiernos de los estados, debidamente certificadas y que cumplan con sus obligaciones. Mientras, vamos a seguir apoyando a las fuerzas armas y a seguir vigilando que se conduzcan con respeto a la ley y los derechos humanos, sostuvo.

En respuesta a la recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de que el Ejército sea retirado de las calles, porque se ha convertido en una amenaza para los derechos humanos, el funcionario dijo que no descalifica las opiniones sobre ese tema, pero solicitan a los relatores del organismo internacional que realicen un análisis cuidadoso en sus conclusiones preliminares y terminen su informe con base en todos los datos y fuentes disponibles.

Una de las observaciones que se les hizo en la reunión que tuvimos (con los relatores, el jueves) es que los números que mencionan provienen de distintas fuentes. Les pedimos que en su informe definitivo haya más concreción (que) en el que nos están presentando, dijo.

Las fuerzas armadas, aseveró, están colaborando en el combate a la delincuencia dentro de las normas establecidas y siempre a solicitud de las instancias civiles, aunque en los casos en que se comprueben excesos deben iniciarse procesos y, en caso de comprobarse éstos, aplicar las sanciones correspondientes.

La lucha contra el crimen de ninguna manera es pretexto para violar los derechos humanos, por lo que la participación de las fuerzas armadas tiene que ser agradecida, apreciada. También tenemos la obligación de que su actuación sea en el contexto de la ley.

El funcionario respondió al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que recomendó al gobierno de México reconsiderar a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, porque no está facultado para ejecutarlas. Por el contrario, dijo, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad.

Sin embargo, el gobierno federal, primero por conducto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y luego en entrevista con el subsecretario, no varió su posición.

Señaló que comparte la preocupación de la ONU, pero en el caso concreto de este tema tenemos que ser muy técnicos a efecto de no clasificar como desaparición forzada lo que no es, y tampoco caer en el extremo de que no pasa nada.

Se trata de encontrar el justo medio. Lo importante es que se llame a las cosas por su nombre y que revisemos con cuidado cada uno de los casos y no califiquemos todos como desaparición forzada, expresó.

Precisó que hay casos concretos acerca de ese delito que la propia Procuraduría Militar y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han documentado.

El gobierno de Felipe Calderón reiteró que el Ejército ha asumido diversas funciones policiales, en el contexto de la estrategia nacional de seguridad pública (y en los operativos regionales) ante la escalada de violencia atribuida a la delincuencia organizada.

Los relatores se entrevistaron con funcionarios de los tres niveles de gobierno; el jueves pasado se reunieron para la entrega de un informe preliminar y se abre un espacio para el grupo de trabajo, previo a lo que será el reporte definitivo sobre el tema.

(A los relatores, el gobierno les hizo) algunas precisiones claras: la lucha contra la delincuencia organizada es en favor de los derechos humanos, subrayó Zamora.