La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que de 2006 a 2011 registró un total de 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, además de 8 mil 898 de cuerpos que no fueron identificados o cuyas causas de muerte no fueron aclaradas.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo dio a conocer que del total de extraviados, 3 mil 457 son hombres, mil 885 mujeres y en 55 casos más no se proporcionaron datos.

Mediante el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), la CNDH recaba los datos proporcionados por los familiares de las personas reportadas como víctimas de extravío.

En el documento, el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva señaló que las causas de los fallecimientos en cuestión son diversas, y entre ellas figuran los accidentes en la vía pública, los decesos por complicaciones de una enfermedad, y las muertes violentas.

Desde 2009, añadió, el SINPEF incluye también datos relacionados con las víctimas de secuestro y de migrantes cuyo paradero se desconoce.

La CNDH realiza acciones a nivel nacional para contribuir a determinar las causas que propiciaron su ausencia, así como ubicar su destino final, resaltó el boletín.

Esta información se dio a conocer dos días después de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias le sugiriera al gobierno mexicano que retirara al Ejército de las tareas de seguridad pública, por considerar que no está entrenado para ello y además ha propiciado el aumento de los casos de desapariciones.

Frente a dicho comunicado, Pablo Álvarez, integrante de la organización Hijos México, señaló que a reserva de conocer más detalles, los casos de extravíos y de desapariciones forzadas son distintos, y la CNDH no podría confundirse al respecto o mezclar categorías distintas porque dicho organismo tiene unidades específicas para cada tema.

No habría que meter las dos cifras en el mismo saco. La desaparición forzada se realiza por alguna fuerza gubernamental o paramilitar, que después niega tener retenida a la persona, y los extraviados son gente sin relación política con el Estado, que simplemente se pierden, y sus familiares no tienen sospechas de que se los haya llevado alguien, puntualizó.

José Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación (Comed) entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario, coincidió en que se trata de asuntos diferentes, y referirse a ambos de manera indistinta es una forma de restarle importancia al asunto de las desapariciones forzadas.

Lo trivializan, (algunos medios) meten las dos en un saco grandote, donde no caben porque la naturaleza de los dos fenómenos es distinta. Eso no quiere decir que los extravíos no sean un caso igualmente doloroso, porque también se trata de seres humanos, y me da tristeza que se refieran a ellos como una cifra anónima, pero hay que distinguir una categoría de la otra.

Las desapariciones como tales, apuntó, son una cosa muy seria, donde el Estado pone en marcha una política de exterminio, y lo otro son reportes de personas que en la cotidianidad se reportan perdidas, y no es lo mismo.

De su lado, Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que al no tener bases de datos específicas y bien armadas, en las cuales se lleve un registro de la cantidad de personas desaparecidas y por qué causas, informes como los de la CNDH no son de mucha utilidad.

En ninguno de los dos casos hay investigaciones. En este documento, que es demasiado ambiguo, se habla de muertes por accidentes y enfermedades, y así no nos deja conocer cuál es la magnitud del fenómeno que se está presentando, consideró.

En 2000 la Afadem propuso en la Cámara de Diputados la creación de una base de datos para saber de qué tamaño era el problema de las desapariciones por motivos políticos, o por otros hechos delictivos igualmente graves, como el tráfico de órganos, por ejemplo, pero la iniciativa no prosperó.

La Jornada trató de contactar a Tomás Serrano, director del programa de presuntos desaparecidos de la CNDH, para pedir más detalles con respecto al boletín difundido el sábado, pero dicho funcionario no estuvo disponible.