Acapulco, Gro., 28 de abril. El gobernador Ángel Aguirre Rivero sostuvo que su administración pondrá todo el empeño para resolver el caso del asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, ocurrido en agosto de 2009, para lo cual se apegará a lo que dice la ley.

No estoy para buscar ningún tipo de negociaciones políticas, sólo me ajustaré y apegaré a lo que establece la ley; tampoco hay el deseo de iniciar una cacería de brujas ni andar persiguiendo a nadie, señaló.

Aseguró que pidió al procurador de Justicia estatal, Alberto López Rosas, buscar a sus antecesores para conocer del caso, pues es importante informarlo a la opinión pública; en la pasada administración se dijo que el asunto estaba resuelto en 90 por ciento. Tampoco queremos que nos acusen de negligencia o encubrimiento.

Negó que se trate de politizar el asunto y manifestó que en su momento solicitará a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, proporcionar un informe del estado de la investigación.

Insistió que se deben resolver otros casos pendientes, como el del asesinato del diputado local panista Jorge Bajos Valverde, ocurrido en enero de 2007; la agresión en campaña al líder perredista Guillermo Sánchez Nava, en enero de este año; y el asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, el 18 de abril pasado.

En Chilpancingo, el procurador López Rosas compareció ante el pleno del Congreso, donde ratificó ante los diputados que no se encontró el expediente del caso del asesinato de Chavarría Barrera.

Durante su intervención, dijo que tras entrevistarse el miércoles pasado con Morales Ibáñez, se giró un oficio a la delegación de la PGR en la entidad para conocer si está en su poder el expediente e informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Servidores Públicos, por las anomalías detectadas de los funcionarios involucrados.

Reiteró que días antes del término de la anterior administración estatal resultaba evidente que tuvieron en su poder el desglose del documento, de las diligencias y de las declaraciones recabadas, luego del homicidio ocurrido el pasado 20 de agosto de 2009.

Cesáreo Celestino Guzmán, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, pidió al procurador arraigar al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a los ex procuradores Eduardo Murueta Urrutia, Albertico Guinto y David Sotelo Rosas, por omisiones en el caso y porque a todas luces es relevante; por eso se exige el cumplimiento de la ley.