Sumidos en el encono que supuso a grupos parlamentarios dejar en la congeladora las reformas a las leyes Federal del Trabajo y de Seguridad Nacional, los diputados terminaron ayer el periodo de sesiones en medio del escándalo y una guerra de mantas, pero se olvidaron de aprobar, entre otros dictámenes, el que sanciona la introducción de dinero de la delincuencia en campañas electorales.

En el último tramo de la sesión de este viernes, y en respuesta a las mantas con las que el PAN reclamó en las dos semanas recientes que el tricolor no aprobara la reforma laboral, diputados priístas desplegaron una al pie de la tribuna en la que se leía: 60 millones de pobres; 3 millones de desempleados; 40 mil asesinatos impunes. ¡Y aún faltan 18 meses de PAN-gobierno!

De inmediato, los panistas llevaron hasta la mesa directiva la manta exhibida también el jueves: No hay PRIsa para más empleo; no hay PRIsa para los jóvenes, y no hay PRIsa para las mujeres. ¿Y la reforma laboral cuándo?.

En respuesta, la bancada del PRI inició el coro ¡No más muertos, no más muertos! Y como perredistas y petistas no llevaban preparado ningún mensaje escrito reviraron desde sus curules: ¡Ni PRI, ni PAN, gobierno popular!.

Roto el orden, los panistas Gerardo Cortez Mendoza y Víctor Balderas Vaquera se pasearon por el pleno con otra manta, con una fotografía del petista Gerardo Fernández Noroña, y en la que mandaron imprimir: ¿Tú elegirías a un sicópata o a un drogadicto para que te representara? ¿No? ¿Entonces por qué votaste por Noroña?.

La clausura del se periodo ordinario del segundo años de sesiones de la 61 Legislatura se dio, además, con un episodio embarazoso: impuesto por el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), a cantar el Himno Nacional completo, los diputados se quedaron en silencio cuando la pista se acabó en el segundo coro. Pasado el azoro, la mayoría continuó cantando gracias a la hoja que se les distribuye en cada sesión.

Entre los dictámenes pendientes resalta el de reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales y a las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para sancionar hasta con 15 años de prisión a personas, precandidatos, candidatos o funcionarios que reciban o destinen dinero de procedencia ilícita para campañas o precampañas electorales, y hasta 20 años de prisión para quienes utilicen el sistema financiero para transferencias de recursos ilegales a aspirantes a un cargo de elección popular.

También considera la inhabilitación y la destitución del cargo a funcionarios públicos que realicen actos de precampaña, dirijan u organicen actos proselitistas utilizando su puesto público, y también clarifica que los ministros de culto están impedidos expresamente a utilizar sus templos para la promoción electoral o bien para llamar a no votar en contra de un partido político específico.

El dictamen de la comisión de Justicia resalta que la democracia no se agota en la emisión del voto, sino que también debe ser preservada de cualquier intrusión de la delincuencia organizada, y de la manipulación desde el poder público.