San Cristóbal de las Casas, Chis., 30 de abril. Al reiterar su exigencia de liberación inmediata para cinco compañeros suyos, presos desde febrero en el penal de Playas de Catazajá, secuestrados por el mal gobierno vende patria, la asamblea de ejidatarios de la otra campaña de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, denunció esta semana:

El gobierno ha demostrado otra cara de violencia y represión en contra de nuestros compañeros militarizando la zona, intimidando a la sociedad con la presencia del Ejército y la Marina, como si fuera una zona de guerra, todo eso por el interés de nuestros recursos naturales y la gran riqueza que tiene nuestro ejido. Gracias al patrocinio de Felipe Calderón Hinojosa y Juan Sabines Guerrero, y sus aliados ambiciosos.

Los indígenas denunciaron también que el gobierno estatal “creó una página de Internet para organizar grupos partidistas y los de Opddic, Cenpi, Orcao, Partido Verde Ecologista y Fundación Colosio, que se hacen pasar por ‘la otra civil’, cuando la verdadera identidad es que son paramilitares encubiertos, creados por este mal gobierno para manipular la verdad y querer acabar con nuestras costumbres de hombres y mujeres dignos de defender estas tierras que nuestros antepasados nos dejaron”.

Los ejidatarios tzeltales, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona del EZLN, sostienen con severidad: La ley es la más vil cochina, ¿para qué gastan mucho dinero en senadores y diputados?. Consideran que la estrategia contra ellos es sólo una escalera del gobierno para realizar sus proyectos trasnacionales y seguir manteniéndose en su poder político y económico y destruir nuestra organización.

Exigen la liberación incondicional e inmediata de sus presos, respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas y el ejercicio de nuestra autodeterminación, la salida inmediata de policías y militares que están dentro de nuestro territorio. Rechazan el interés de mal gobierno sobre sus proyecto neoliberales y de privatización.

Por su parte, desde la cárcel de Catazajá, los presos de Bachajón, acusados sin fundamento de delitos graves, sostuvieron en una carta a los medios: Desde hace años nos tienen perseguidos los malos gobiernos como gente indígena, organizados para defender nuestros derechos. Ya basta de la discriminación. No a los grupos paramilitares en nuestras comunidades.

Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez, Domingo Pérez Álvaro y Mariano Demeza Silvano (recluido en Villa Crisol, Berriozábal), asentaron: Nos negamos a prostituir nuestras tierras por los malos gobiernos, porque las tierras son de quien las trabaja, no para los funcionarios, mucho menos para los que están sentadotes en sus palacios. Aunque nos tengan presos, nuestros compañeros seguirán luchando y nosotros lucharemos hasta los últimos momentos.

Cabe señalar que el gobierno de Chiapas, al entregar la caseta de acceso al balneario Agua Azul a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, allana el camino para la expropiación forzada de una parte del territorio indígena de San Sebastián Bachajón, a pesar de que los ejidatarios rechazan la medida. Existen versiones de que en breve el área podría ser decretada área natural protegida, en beneficio de la explotación turística de las cascadas ubicadas en otro ejido (Agua Azul) y otro municipio (Tumbalá).

Aunque el camino de cuatro kilómetros que atraviesa San Sebastián, del crucero Ocosingo-Palenque a las cascadas, fue construido en tierras ejidales, ha sido presentado como presuntamente federal por las autoridades, nunca lo ha sido.

El interés proteccionista de las autoridades por un territorio tradicionalmente agrícola coincide con el hecho de que aún ahora, antes de iniciarse el proyecto turístico diseñado para la zona, este acceso a las cascadas posee un alto valor económico. Tan sólo en el periodo vacacional que está por concluir, las cascadas de Tumbalá recibieron más de 51 mil visitantes en 12 mil vehículos, a razón de 35 pesos cada uno, según la tarifa fijada por el gobierno tras despojar del puesto de peaje a los ejidatarios de San Sebastián en febrero pasado. Éstos cobraban diez pesos. Y otro tanto los pobladores de Agua Azul, que es desde hace muchos años uno de los municipios indígenas más prósperos del país, y se caracteriza por su oficialismo pertinaz.