n día después del anuncio de la muerte de Osama Bin Laden a manos de soldados estadunidenses –ocurrida el domingo, según el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la ciudad paquistaní de Abbottabad–, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Brennan, afirmó que, en cumplimiento de las prácticas y tradiciones musulmanas, los restos del presunto dirigente de Al Qaeda fueron arrojados al Mar Arábigo. Tal afirmación complementa la negativa de los funcionarios de seguridad e inteligencia de la administración Obama a informar sobre la existencia de pruebas que pudieran validar las afirmaciones del gobierno estadunidense sobre la muerte del presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La información fragmentaria y a cuentagotas que se ha dado hasta ahora sobre el suceso, y la ausencia de fuentes independientes que permitan corroborar lo dicho por las autoridades del vecino país, hacen inevitable percibir el operativo de captura y muerte de Bin Laden no como un ejercicio de justicia ni como una acción de seguridad nacional y de combate al terrorismo –como afirmó el propio Barak Obama–, sino como un despliegue propagandístico cuya veracidad, para colmo, no puede confirmarse: a más de 24 horas de que Obama dio a conocer el asesinato del supuesto cabecilla de Al Qaeda, aún no hay datos que confirmen que éste haya sido muerto en el lugar y la hora en que sostienen las autoridades de Wa-shington; más aun: ni siquiera hay pruebas fehacientes de que el hoy occiso haya estado vivo hasta ayer –el último mensaje que se le atribuyó fue registrado en enero pasado–, y ahora, por lo visto, tampoco hay manera de identificar que el cadáver corresponde, en efecto, a Bin Laden.

El manejo informativo de este hecho específico resulta tan criticable como el que se realiza en torno a su contexto: a casi 10 años de que George W. Bush emprendió la guerra contra el terrorismo y erigió a Al Qaeda como la principal amenaza a la seguridad de ese país y del mundo, no puede determinarse a ciencia cierta si esa organización se mantiene vigente y en operación, o si su existencia es un pretexto para mantener un estado de histeria y paranoia en la sociedad estadunidense –y en Occidente en general– y para justificar la permanencia militar de Washington en Medio Oriente y Asia central.

La opinión pública de la superpotencia se ve así en la disyuntiva entre desconfiar sistemáticamente de lo que informan sus autoridades o creer a pie juntillas en las versiones propaladas por la Casa Blanca y el Pentágono, en una circunstancia que convierte el derecho a la información en un acto de fe. Por lo que hace a los medios estadunidenses, parecen haber renunciado a consideraciones elementales del ejercicio periodístico, como la necesidad de corroborar la información presentada por las autoridades y buscar fuentes alternativas a las oficiales: en vez de ello, parecieran consagrados a reproducir los boletines que difunde su gobierno, como quedó de manifiesto con este episodio.

La situación resulta particularmente grave si se toma en cuenta el historial de mentiras y falacias que arrastran las autoridades de Estados Unidos: ello no sólo es constatable con los engaños empleados por George W. Bush para justificar la invasión a Irak o con el ocultamiento por Washington de los crímenes de guerra cometidos en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib, y en las redes de vuelos clandestinos de la CIA –por citar sólo dos de los ejemplos más ominosos–, sino también lo es al cotejar las promesas electorales del actual mandatario, que llegó al cargo con la bandera del cambio pero terminó por plegarse a la lógica belicista, colonialista y unilateral de su antecesor.

El manejo informativo discrecional y opaco que Washington ha realizado sobre éste y otros episodios, en conjunto con la postura acrítica y sumisa de la mayoría de los medios masivos estadunidenses hacia las versiones de la Casa Blanca y el Pentágono, cancelan de antemano toda certidumbre que pudiera tenerse sobre un asunto sin duda doloroso e importante para la sociedad de ese país y para la opinión pública internacional. A lo que puede verse, lo único sobre lo que una y otra pueden tener certeza es el enorme saldo de destrucción material y de vidas humanas provocado por los esfuerzos bélicos de Estados Unidos y sus aliados con el supuesto fin de vengar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001.