n Brasilia se vota esta semana un paquete de reformas a la ley forestal. Ese proyecto legislativo es promovido por el poderoso lobby agropecuario, así como por los grandes grupos corporativos de los agronegocios. Las implicaciones de estas reformas son de alcance global. La integridad del bosque tropical de la cuenca del río Amazonas, el más grande del mundo, está en juego.
Se podría pensar que las amenazas sobre el bosque amazónico no son novedad. Después de todo, la floresta amazónica constantemente es agredida por la extracción maderera, la expansión de la ganadería y los grandes proyectos de la industria extractiva. Aunque los datos oficiales indican un importante descenso en la tasa de deforestación, la destrucción del bosque amazónico se mantiene inexorable. En la actualidad la deforestación es el principal emisor de gases de efecto invernadero en Brasil.
El vertiginoso crecimiento de la producción de soya no ha ayudado mucho en este proceso. El cultivo de la soya ha contribuido a la deforestación de manera directa solamente en algunas partes de lo que se denomina la Amazonia legal (que grosso modo abarca la tabla de escurrimiento del río Amazonas). Pero al desplazar a la ganadería de otras tierras ha promovido el crecimiento del hato ganadero en tierras de Amazonia. Además, la producción de soya ha afectado los suelos y ecosistemas en el Cerrado, una extensa sabana tropical (la más grande del mundo), con un altísimo costo ambiental en términos de biodiversidad.
El actual Código forestal data de 1965 y establece importantes medidas de protección del medio ambiente. Obliga a cada finca a mantener un área de protección permanente (APP) en las márgenes de ríos, laderas de montañas y otras zonas vulnerables. Además, obliga a los productores a mantener una reserva legal (RL), consistente en un área protegida al interior de las propiedades rurales. El tamaño de estas RL varía entre 80 por ciento para fincas en la zona amazónica y 20 por ciento en territorios de la sabana.
Las reformas disminuyen significativamente la protección en los márgenes de los ríos de manera importante. El requisito de las RL se flexibiliza en cada región: en Amazonia se pasa de 80 a 50 por ciento de la superficie de cada finca. Las pequeñas propiedades, definidas como predios inferiores a las 400 hectáreas, quedan exentas de esta condición. Las reformas amplían el régimen de amnistía para los que deforestaron antes de 2008, lo que abre la puerta a la impunidad. Desdibujando la protección forestal, el paquete de reformas pretende regularizar a los millones de propietarios rurales que incumplieron la legislación vigente. En este proceso se podrían estar dejando sin protección unos 700 mil kilómetros cuadrados, superficie que supera la de Francia. Brasil no cumplirá su objetivo (asumido en la cumbre de Copenhague en 2009) de reducir en 80 por ciento la deforestación en la cuenca del Amazonas.
El diputado Aldo Rebelo (Partido Comunista de Brasil) es el patrocinador de la nueva ley. En su exposición de motivos de este proyecto, un florido y delirante discurso sobre la producción agrícola y las leyes, acusa a los países ricos de pretender imponer reglas de protección forestal que incumplieron en el pasado. Sobre la hipocresía de los países ricos se ha escrito mucho, pero el señor Rebelo no puede ignorar que su proyecto legislativo hace el juego a los grandes consorcios del agronegocio. Es evidente que en nada beneficia a los pequeños agricultores al quitarles la obligación de mantener una reserva legal. Las reformas al Código forestal no cambiarán el abandono en el que cayó la agricultura de pequeña escala en Brasil desde hace 20 años. Tampoco servirán para revertir el proceso de concentración de tierras que hoy afecta el agro en Brasil.
Según el lobby agropecuario que promueve las reformas, el actual Código forestal es obsoleto y ha sido superado por las circunstancias. Por ejemplo, el argumento de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) es que ese ordenamiento data de una época en la que la producción agropecuaria en Brasil era de baja productividad y tenía un peso reducido en la economía. Hoy las exportaciones del agronegocio brasileño sirven para apuntalar el saldo de la cuenta corriente y permiten cultivar una impresión de bonanza económica.
En el debate sobre el Código forestal no se debe olvidar las contradicciones de los gobiernos en Brasilia. Las medidas de protección tuvieron que coexistir con políticas de colonización, de ocupación de baldíos y el crecimiento de la frontera agrícola. La última de estas prioridades terminará por destruir la política ambiental en materia forestal.
El paquete de reformas es un retroceso lamentable. La protección forestal será desmantelada en aras de la expansión de una actividad agropecuaria y primario-exportadora insostenible. Las opciones que existen para una agricultura sostenible no son una prioridad para el paquete de reformas al Código forestal.
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