oy comienzo a escribir esta serie con enorme preocupación. No hay conciencia plena en la mayor parte de las corrientes de izquierda presentes en el gobierno del DF y en la Asamblea Legislativa (AL) sobre los rasgos deseables de una política social de izquierda. La iniciativa de Ley de Protección Social (LPS) enviada por Ebrard, que cuenta con el apoyo de algunos legisladores del PRD y que analizaré en detalle en esta serie, lo hace evidente. Debo aclarar que escribo en mi calidad de ciudadano, no como consejero del Evalúa DF.

A partir de la reforma social neoliberal que se llevó a cabo desde el gobierno de Zedillo (con retraso respecto de la reforma económica neoliberal que empezó con De la Madrid), y cuyo elemento inicial fue la reforma del sistema de pensiones del IMSS (eliminando sus elementos solidarios y convirtiéndolo en un sistema centrado en los ahorros individuales, copiando la reforma pinochetista), prevalece en (casi todo) el país la concepción de que la política social debería apoyar (casi) solamente a las familias pobres y que esto debería hacerse (casi) sólo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas (TMFC). Éste es el modelo (casi) único del gobierno federal y su insignia es el programa Progresa/ Oportunidades (PPO) que le añadió a las transferencias monetarias focalizadas, TMF, las condicionalidades, es decir les añadió la C. Dos rasgos más son también centrales a este modelo: a) el abandono de la política de subsidios generalizados a bienes y servicios básicos que prevalecieron durante todo el desarrollo estabilizador y hasta 1997 (la creación del PPO fue en remplazo de dichos subsidios); b) la introducción de cuotas de usuario en los principales servicios básicos (en salud e incluso en educación pública básica, en este caso disfrazadas de aportaciones a las asociaciones de padres de familia), configurándose así los servicios universales o segmentados con cuotas de usuario (SUSCU). (Llamo segmentados a los servicios que cubren a una parte de la población: por ejemplo, a los no derechohabientes de la seguridad social.) Recapitulando, los rasgos del modelo social neoliberal ampliamente implantado en México son: 1) la política social se centra en la lucha contra la pobreza extrema, con un enfoque curativo (sólo se atiende a quienes ya cayeron en la pobreza), y su instrumento principal son las TMFC; 2) se eliminan los subsidios generalizados a bienes y servicios básicos; y 3) en los servicios universales o segmentados se introducen cuotas de usuario (SUSCU); 4) capitalizaciones individuales en la seguridad social.

En el DF, en cambio, a partir de la puesta en marcha del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores y del Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos en los primeros años del gobierno de López Obrador, y la expresión de ambos en leyes que los convierten en derechos, se ha venido configurando (aunque con importantes excepciones y de manera incipiente) un modelo de política social fundado en derechos en el cual las transferencias monetarias tienden a ser universales e incondicionales (TMUI) y la prestación de servicios, universales o segmentados, tiende a ser gratuito (SUSG). Nótese que la gratuidad del servicio de salud y los medicamentos, revierten las cuotas de usuario establecidas en los servicios a población abierta a nivel nacional, y a eliminar el gasto de bolsillo de los medicamentos. El modelo se ha extendido (aunque de manera parcial) a otros programas de transferencias monetarias: a) el de personas con discapacidad (que es incondicional pero está focalizado territorialmente); b) Prepa Sí, que es universal para los estudiantes de preparatorias públicas, o si se quiere, focalizado a la educación pública, pero introduce condicionalidades (impone tareas comunitarias a los estudiantes), y diferencia el monto de las becas (a las que llama estímulos) según calificaciones, y que contrasta con c) las becas de las preparatorias del DF (IEMS) para sus estudiantes, que son incondicionales, iguales para todos y fundadas en un derecho específico; d) el seguro de desempleo.

Los programas de uniformes y útiles escolares gratuitos pueden verse como la radicalización del servicio universal gratuito (SUG) más importante de la historia del país: la escuela pública gratuita, pues al eliminar el gasto de bolsillo de los útiles y los uniformes, lo acercan al ideal de la educación gratuita (más allá de la escuela gratuita), lo que viene a sumarse a nivel del DF a la añeja política nacional de los libros de texto gratuitos y los desayunos escolares. Ahora, sin embargo, los desayunos escolares en el DF están focalizados territorialmente. Al nivel de la preparatoria, las becas del IEMS y de Prepa Sí vendrían a cumplir un propósito semejante en un nivel donde no hay desayunos, libros, útiles, ni uniformes gratuitos. Además, el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido el subsidio al Metro, a los autobuses de RTP y al consumo doméstico de agua, mostrando así que se mantiene vigente la idea de los subsidios generalizados. Recapitulemos los rasgos del modelo puro universalista, fundado en derechos, al que parecería tender el Gobierno del DF, que carece de competencias en materia de seguridad social: 1) la política social no está centrada en la lucha contra la pobreza extrema, sino en la prevalencia de los derechos sociales, la disminución de la desigualdad y la prevención de la pobreza (toda, no sólo la extrema) y sus instrumentos centrales son las TMUI y los SUSG; 2) se mantienen los subsidios generalizados, sobre todo al transporte y al agua; 3) la gratuidad de los SUGS se acentúa mediante la gratuidad de medicamentos, útiles, desayunos y uniformes escolares.

La iniciativa de Ley de Protección Social (LPS) que envió Ebrard a la AL pone en riesgo este incipiente modelo universalista, mucho más eficaz en la reducción de la pobreza (como lo muestra la gráfica, ya que EU aplica el modelo focalizado y los otros tres países el universalista), puesto que: a) Abroga, entre otros, los derechos a la pensión alimentaria, a servicios y medicamentos gratuitos, a útiles escolares, a la beca del IEMS, sin remplazarlos por un derecho establecido en la LPS en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, en la pensión alimentaria el texto de la LPS sólo dice que el Gobierno del DF otorgará a los adultos mayores una pensión, pero no usa el término derecho ni establece la obligación del jefe de Gobierno y de la AL de asignar el presupuesto que permita el cumplimiento del derecho, como lo hace la ley que abroga. Abre, por tanto, la puerta para frenar éste y otros programas con argumentos presupuestales. b) Establece, entre las obligaciones de los beneficiarios, la de contribuir a la financiación del servicio, cuando así se determine, abriendo las puertas a las cuotas de usuario. Debe ser rechazada por la izquierda consciente, pero la legislación en materia de política social debe revisarse a fondo y llamo a la Asamblea Legislativa a debatir ampliamente sobre la materia. Seguiré sobre el tema.

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